La cultura del miedo en las contrataciones del Estado [Opinión]

En una buena parte de nuestros funcionarios públicos y, sobre todo, en los últimos meses de la gestión actual, ha primado la cultura del miedo. Así, varios de los oficios y cartas de estos se realizan con el único propósito de “cubrirse” ante la eventualidad que la contraloría realice una acción de control posterior. Este comportamiento genera un desalineamiento entre los intereses del funcionario público y el interés del Estado, que es el bienestar social.

Lo que termina sucediendo es que el funcionario responde a dos principales: al Estado y a la contraloría. Evidentemente, como el bienestar social de su acción es muy difícil de medir, se terminan privilegiando los objetivos de la contraloría. En otras palabras, como no hay carrera pública y no se les reconoce por “hacer bien tu trabajo”, se terminan realizando acciones dirigidas a satisfacer el objetivo de hacer (o no hacer) las cosas para que la contraloría no los castigue, lo que termina siendo claramente ineficiente desde la mirada del Estado. Así, se termina gastando mucho tiempo y dinero en preparar informes y contratar consultorías para que quede evidencia de que el funcionario hizo (o no hizo) lo que tenía que hacer y que más bien fueron las otras instancias gubernamentales o privadas las responsables de que no se haya avanzado en el proceso. Por su parte, las “otras” instancias harán exactamente lo mismo. De esta manera, se terminan dilatando o paralizando los procesos, ya que prevalece la cultura del miedo. 

¿Cuál es la solución? Es cierto que el control es importante y es evidente que sería ideal permitir a la contraloría detener procesos de adquisición o compras del Estado en el control preventivo y no después cuando ya no hay mucho que hacer. Pero también debería tener un rol más proactivo. La contraloría debería participar, junto a otras instituciones, en los grandes procesos de promoción de la inversión privada, es decir, en los llamados megaproyectos. Así, cada vez que se tenga que tomar una decisión económica complicada, los funcionarios de los ministerios, del regulador y de Pro Inversión tendrían el “aval” de la contraloría. De esta manera, la revisión y comprobación de la aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias y su evaluación desde el punto de vista jurídico y económico estarían garantizadas. De esta forma, la parálisis del funcionario o la contratación absurda de consultorías para justificar la decisión adoptada desaparecerían. 

Dejemos que los técnicos hagan su trabajo y tomen las decisiones económicas desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia y que la contraloría verifique la legalidad y oportunidad de la decisión. Que sea un acompañante y vigilante y no el “cuco” de nuestros funcionarios. Esperemos que en este gobierno la cultura del miedo desaparezca, pues es una de las principales causantes de las trabas burocráticas de nuestro Estado.