Desastres y autoridad, ¿o autoridad desastrosa? Más allá del juego de palabras, los desastres que afectan al ecosistema son parte de los riesgos que asumimos como sociedad cuando realizamos actividades económicas que nos dan sustento.

Los riesgos los gestionan los responsables de su causa y posterior mitigación. Cuando esos riesgos incluyen la afectación a bienes públicos, que no tienen un mercado, dependemos de que las organizaciones del Estado, o alguna organización social, supervisen el cumplimiento de esas medidas de mitigación. La razón es sencilla: cuando el efecto negativo, o costo, es público, se tiende a trasladarlo a todos, en el mejor estilo descrito por “lo que es de todos, no es nadie”.

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Para que ello no ocurra y esos costos sean pagados, o internalizados, por el causante, un tercero con poder de coerción, como el Estado, tiene que entrar a tallar.

Estos conceptos nos ayudan a comprender por qué, cuando tenemos potenciales afectaciones a bienes públicos, el rol del Estado es fundamental. Pero ese Estado no opera en piloto automático y en un vacío, sino que depende de personas, funcionarios y reglas de operación. De ahí el surgimiento de organizaciones, personas a cargo, funcionarios y líneas de carrera.

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En nuestro país tenemos casi tres décadas construyendo institucionalidad ambiental para que los riesgos que la actividad económica coloca sobre los ecosistemas y medios de vida de las personas sean gestionados de manera eficiente, con una mirada de largo plazo, y bajo el principio conocido como “el que contamina, paga”. Hemos promulgado un conjunto de leyes, incluidas importantes obligaciones de evaluación de impacto ambiental y gestión de riesgos a las empresas privadas, y creado varios organismos públicos –como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)–. Parece que vamos por buen camino en la gestión de riesgos ambientales.

Lo cierto es que todos estos costosos esfuerzos son insuficientes. Siendo un tema transversal, la misma gestión de riesgos ambientales requiere un ecosistema, un nivel de coordinación entre entidades, así como importantes recursos económicos. Pero, sobre todo, liderazgo empoderado y personal comprometido, técnico y con línea de carrera.

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Un liderazgo empoderado se consigue con un proceso de selección por méritos y por plazo definido para la alta dirección. Es imposible con funcionarios encargados.

Personal comprometido, técnico y con línea de carrera se consigue con un servicio civil implementado como política de Estado, blindado de las siempre presentes presiones políticas conservadoras del statu quo.

Desastres, accidentes, tendremos siempre porque somos humanos. Liderazgo para gestionar los riesgos, mitigar con prontitud los efectos adversos y que el Estado cumpla sus funciones dependerá de que las autoridades responsables comiencen a cumplir la descripción de puestos para los cuales fueron elegidos.

*La autora es directora del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Las opiniones vertidas son estrictamente personales.

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