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Cada mañana al despertar repito la misma frase: “El que no está gordo, no necesita dieta”. Algo parecido le pasa a todo ministro de Economía que encuentra una caja fiscal poco boyante. La receta de la dieta fiscal es la de siempre: reducir gastos prescindibles, aumentar algunos impuestos y desarmar algunas exoneraciones tributarias. En esta nota, quisiera ayudar al Gobierno (y al Congreso) a tener una mejor guía para decidir cuáles exoneraciones deberían seguir y cuáles no.
Esta guía no es mi invento sino el trabajo de años de la agencia estadounidense conocida como la GAO. Esas iniciales responden a la Oficina de Rendición de Cuentas (Accountability) del Gobierno.
Ellos sugieren preocuparse de dos temas: cumplimiento del propósito e impacto fiscal. Además, es imprescindible contestar si no hay políticas más eficientes para lograr el mismo propósito, y cómo se interrelaciona cada exoneración con otras acciones del Gobierno.
Entonces, lo primero es tener claro cuál es el propósito de la exoneración. Pero no nos quedemos ahí que es la parte fácil y declarativa. Mucho más importante es que cada exoneración debe nacer con una definición precisa de cuáles son los indicadores que mostrarán que la política está teniendo éxito. Estos indicadores deberían ser públicamente mostrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos de estos pueden requerir mucho trabajo en construir, pero es parte de adoptar políticas públicas basadas en la evidencia y no en lo que dicta el corazón (o el interés) de algún político.
Sin embargo, la exoneración puede ocasionar efectos no deseados (por ejemplo, el contrabando de combustible en zonas de frontera). Por ello, es importante hacer un buen análisis de costos y beneficios para la sociedad.
Otro tema que merece un análisis es el impacto sobre personas de diferente nivel de ingreso. La política tributaria es una herramienta de redistribución y en el caso del Perú (pero pasa lo mismo en América Latina), esta no ha hecho gran cosa para redistribuir. Esto podría estar relacionado a beneficios que terminan en los bolsillos que no eran los inicialmente pensados. Por ello, es muy importante evitar exoneraciones que sean instrumentos ciegos o poco focalizados. En esos casos, estaremos cediendo ingresos fiscales a grupos que no requieren de esta ayuda.Otro tema que no debe ser minimizado es que las exoneraciones debieran ser simples, transparentes y fáciles de administrar para evitar que potenciales beneficiarios no lo sean porque existen costos de acceso, o porque no se terminan de entender.
Pero esos impactos tienen un costo fiscal que debe ser permanentemente monitoreado. Además, es importante pensar en qué otras políticas podrían servir para el mismo propósito a un costo fiscal menor. Podemos estar todos de acuerdo en que el objetivo es socialmente valioso, pero eso no significa que el Gobierno debe seguir dedicando recursos utilizando una herramienta imprecisa, que genera costos en otras áreas, impactos distributivos erróneos y pocos beneficios directos a la población que se quería ayudar. La tarea de mejorar las políticas públicas debe ser permanente y siempre basada en evidencia precisa.
