Japón: preocupan malas prácticas en licitaciones de la región
Japón: preocupan malas prácticas en licitaciones de la región
Redacción EC
Redacción EC

Cuando los analistas explican las razones por las cuales no se ejecutan los grandes proyectos de , frecuentemente se menciona a la ‘tramitología’ como la causa principal. Pero este no es el único problema, y quizá no sea el más relevante. La principal causa está relacionada con las características intrínsecas de estos proyectos y el incentivo que generan para el desarrollo de comportamientos oportunistas por parte del Estado y de terceros no vinculados con la inversión. !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

En primer lugar, estos proyectos involucran grandes inversiones en activos de uso específico y de naturaleza no recuperable por los inversionistas. En jerga económica se le denominan ‘inversiones hundidas’. Piense por ejemplo en la inversión en una red de ductos para transporte de gas. Este activo (el ducto) es específico a su finalidad de transporte de gas, no tiene usos alternativos y si el negocio no marcha bien, el inversionista no puede recuperar su inversión trasladando el activo a otra actividad económica.

Sigue a Portafolio también en  

Sabiendo que el inversionista no recuperará su inversión hundida si sale del negocio, el Estado podría expropiar su beneficio económico. La historia económica peruana y latinoamericana está plagada de ejemplos de este tipo de comportamiento. Afortunadamente, en el Perú se ha logrado remontar en algo este problema con el desarrollo de una institucionalidad regulatoria que otorga garantías a la inversión.  

En segundo lugar, estos proyectos son disruptivos, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino social. La gran inversión del proyecto implica que las actividades económicas y sociales de la zona en donde se realiza cambien radicalmente. Además, los proyectos de infraestructura y servicios públicos son de uso masivo. Por ejemplo, la inversión en redes viales, aeropuertos y servicios domiciliarios de agua potable, electricidad o gas son utilizados por miles de usuarios finales. Es esta segunda característica de la inversión la que despierta el interés y el oportunismo de otros agentes. Estos no son, por supuesto, parte del Estado, ni representantes de los consumidores o usuarios del proyecto. No son tampoco afectados directa ni indirectamente por la inversión. Son ‘terceros’ en una relación que debería involucrar únicamente a los ciudadanos (usuarios o consumidores) y al Estado, por un lado, y al inversionista, por otro.

Estos ‘terceros oportunistas’ tienen mucho que ganar deteniendo un proyecto de gran inversión. Algunos se han convertido en presidentes de países latinoamericanos o en su versión modesta, presidentes de un gobierno regional.

La sociedad y los inversionistas están desprotegidos frente a este tipo de oportunismo. No existe marco regulatorio que proteja al inversionista de esta amenaza, ni tasa de retorno que pague este riesgo. La única solución factible, desde un punto de vista económico, es no invertir y eso es lo que viene ocurriendo con varios proyectos.

LEE TAMBIÉN...

ENTREVISTA | Velarde del : "Hay coberturas legítimas y también hay especulación" ► — Portafolio EC (@PortafolioECpe)

TAGS