Marcial García

El refrán al que alude el título de esta columna bien se puede aplicar al gobierno del presidente Castillo. Si hiciéramos un recuento de todas aquellas cosas que ha hecho, intentado hacer y omitido desde que llegó al poder hace apenas once meses, se podría afirmar que es una de las gestiones más perjudiciales y dañinas que hemos tenido para la minería, una de las actividades con mayor peso en la economía y la que más aporta a la recaudación de tributos que Estado puede usar luego para atender las necesidades de la población y cerrar las enormes brechas sociales.

Las señales dadas a los inversores en distintos momentos del gobierno no han podido ser peores. Como cuando se quiso aumentar aún más la carga tributaria minera a pesar de que los ingresos fiscales provenientes de esta actividad ya venían rompiendo todos los récords o cuando la premier Mirtha Vásquez amenazó con cerrar minas en Ayacucho. Eso, para no hablar de las frases reñidas con la sensatez de la vicepresidenta en contra de la minería formal en Davos, del pésimo manejo de los conflictos sociales que han paralizado operaciones ya consolidadas, como las de Cuajone o Las Bambas, y de la inconstitucional propuesta de sus socios políticos del partido del lápiz para nacionalizar el cobre y crear una empresa estatal para explotarlo.

Los ejemplos, en fin, abundan, y eso se reflejó en los resultados de la última encuesta anual de competitividad minera publicada por el Instituto Fraser de Canadá, en la cual el Perú descendió 27 puestos, del 42° al 69°, en la categoría que analiza qué tan favorables son las políticas públicas para la inversión minera. Es difícil sobrestimar cuánto le cuesta al país esta terrible situación en términos de movimiento económico, empleos y tributos, justo cuando los precios internacionales de los principales metales que exportamos se encuentran en su nivel más alto en mucho tiempo.

Todo lo anterior se ha traducido en un deterioro de las expectativas de inversión en el sector. El BCR estima que tendrá una contracción de 5% en el 2022 y de 16% en el 2023, ante el clima antiminero que afronta el país y al hecho de que grandes proyectos, como Quelleveco y la ampliación de Toromocho, culminarían su construcción en este año. Mientras tanto el MINEM sigue anunciando en cuanto foro puede una cartera de 43 proyectos mineros por un monto de inversión que superaría los US$ 53.000 millones, pese a que la gran mayoría están paralizados o tienen graves problemas de viabilidad y no tendrían realmente posibilidad de concretarse.

Los altos precios de los minerales deben ser aprovechados para destrabar inversiones que beneficiarían enormemente al crecimiento de nuestra economía. En ese sentido, el reciente anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, que desde el Ejecutivo se planteará la extensión, por tres años más, del régimen que permite la devolución del IGV a los titulares de actividades de exploración minera ha sido una buena noticia. Después de todo, si no se descubren nuevos yacimientos no puede haber nuevos proyectos que generen inversión, empleo e impuestos.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y la acertada orientación de la medida, su aporte solo puede ser marginal para dinamizar una actividad tan riesgosa como la minera sino viene acompañada de mensajes claros y sin ambigüedades que transmitan confianza al inversionista y de acciones concretas que mejoren el perfil del Perú para atraer capitales de largo plazo.

Para que cualquier esfuerzo de este tipo tenga posibilidades de ser exitoso, lo mínimo que se le puede pedir al gobierno es que respete la seguridad jurídica que otorga predictibilidad a los agentes económicos. En medio de la profunda crisis política que atravesamos, lo último que necesita el país es mayor incertidumbre. Es imprescindible también agilizar los trámites burocráticos e impulsar mejoras regulatorias para acelerar la ejecución de proyectos y, sobre todo, enfocar los esfuerzos en solucionar de manera definitiva los conflictos sociales, siendo ese el principal desafío.

Nada de esto, empero, será alcanzable si el gobierno no tiene la suficiente voluntad política y el interés para hacer de estos asuntos su prioridad, aún a costa de enfrentar presiones desde algunos grupos de influencia. Hay, claro, razones para ser escéptico, pero la designación de la nueva ministra de Energía y Minas representa una tenue luz de esperanza de que las cosas pueden mejorar.

Marcial García Socio de Impuestos de EY Perú

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