"Salsas malogradas", por Gonzalo Carranza

En el marco de un intenso intercambio de artículos en las páginas de Opinión de este Diario por parte de varios de sus columnistas, uno de ellos, el empresario Franco Giuffra, relató un hecho que quedó rondando varios días en mi cabeza. Giuffra había tenido que tramitar recientemente ocho registros sanitarios diferentes para ocho variantes de salsa de tomate, con plazos y costos “poco amigables”, por decirlo de algún modo.

¿Cómo así, a punto de terminar el 2017, en pleno gobierno del destrabe y la simplificación, este trámite absurdo sigue existiendo?

Decidí rastrear la historia reciente de esta regulación y me encontré con una suma de avances y retrocesos que, finalmente, nos dejan en el mismo burocrático lugar.

A pesar de todas las críticas que –muchas veces, con razón– recibe el gobierno de Ollanta Humala por haber incrementado exageradamente la regulación y los trámites, en el caso del registro sanitario tomó el camino de la simplifación y, con un decreto legislativo del 2015 que fue aplaudido por el propio Giuffra, lo eliminó de raíz.

Según dicha norma, la regulación se enfocaría en la supervisión previa de las instalaciones y sistemas de producción, con diferentes niveles de exigencia según el riesgo de cada alimento. Hacia el final del régimen humalista, el Ministerio de Salud prepublicó el reglamento de esta norma.

Lamentablemente, en este caso no hubo consenso: algunos gremios, como la SNI, saludaron sus contenidos y el trabajo participativo que la antecedió, pero empresarios como Giuffra –de gran ascendencia en la, por entonces, ya electa administración de PPK– consideraron que el remedio era peor que la enfermedad.

El reglamento fue encarpetado por el nuevo gobierno. Llegó luego la fiebre de los decretos legislativos “que cambian vidas” y se emitió uno que no solo eliminaba el registro sanitario, sino que volvía automática la habilitación de las plantas de producción, sujetas a una declaración jurada y control posterior.

La utopía simplificadora, sin embargo, se topó con el Congreso, que eliminó la habilitación automática. El Ejecutivo observó la ley que cambiaba su decreto, pero no por este extremo, sino por temas relacionados con el Sanipes.

Y así llegamos al día de hoy, con un dictamen de allanamiento de la Comisión de Constitución a la observación del Gobierno, pero con la habilitación automática efectivamente en el olvido.

Falta aún que se vote el dictamen en el pleno, que se reglamente el decreto, que –como ya ocurrió antes– la propuesta de reglamento genere posiciones encontradas, y que finalmente se tome una decisión.

Un recorrido suficientemente largo para que las salsas de tomate se malogren, mientras el señor Giuffra y otros tantos como él siguen condenados a tramitar absurdos e inútiles registros sanitarios.

Lea más noticias de Economía en...