Sistema de justicia y control social, por Caroline Gibu

Luego de los acontecimientos de las ultimas semanas vinculados con el tráfico de influencias por parte de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Corte Superior de Justicia del Callao para la evaluación y designación de jueces y fiscales, resulta oportuno revisar algunas recomendaciones y buenas prácticas que pueden contribuir a mejorar la transparencia y el control social del sistema de justicia, cuyo funcionamiento resulta lejano y confuso para la mayor parte de los ciudadanos.

A pesar de que las tecnologías de información han facilitado en los últimos 15 años una mayor divulgación de información y acceso a servicios del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la CNM y la OCMA, lo cierto es que sabemos muy poco de los jueces, fiscales y comisionados.

Hoy en día, gracias a plataformas como Infogob del Jurado Nacional de Elecciones podemos tener acceso a la hoja de vida de los candidatos y actuales autoridades democráticamente elegidas, responsables de la buena administración del tesoro público –alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes–; sin embargo, sabemos casi nada de los jueces, cuyas decisiones pueden determinar la privación de nuestra libertad o la disposición de nuestros bienes personales.

A través de Infogob es posible conocer los estudios realizados, los ingresos y bienes, así como procesos y sentencias de candidatos y autoridades. Si bien esta información se obtiene bajo la modalidad de declaración jurada, no cabe duda de que posibilita el escrutinio público, particularmente de la prensa.

Salvo las altas autoridades del sistema de justicia, de la mayoría de jueces y fiscales no contamos con información pública vinculada con sus estudios, su trayectoria, sus ingresos y patrimonio o el resultado de los casos de control interno dirigidos por la OCMA, si los tuvieran.

La página web del Poder Judicial ofrece acceso a las principales sentencias en formato de imagen o copia fotográfica que actualmente no permiten un análisis automatizado ni una comparación inmediata para evaluar la predictibilidad y consistencia de las decisiones. El Poder Judicial va camino al expediente electrónico; sin embargo, urge que los documentos puedan ser divulgados en formato abierto, con firma electrónica de los jueces, para contribuir a la generación de nuevo conocimiento y dar señales de transparencia e imparcialidad.

Hoy en día, la mayor parte de los servidores públicos cuenta ya con DNI electrónico que facilita la firma digital para autorizaciones y certificaciones. Ello ha permitido, por ejemplo, que el propio Poder Judicial proporcione el certificado electrónico de antecedentes penales que puede ser obtenido desde las ventanillas del Banco de la Nación, pagando las tasas incluso bajo la modalidad online a través de la plataforma Págalo.pe.

Abrir la información de los jueces y fiscales puede ser un acto osado y hasta incómodo, pero es el primer paso necesario para potenciar la integridad de los procesos de selección, evaluación y ascenso, y, sobre todo, para dar voz a los ciudadanos en dichos procesos. Realizar una reforma del sistema de justicia sin considerar acciones de transparencia para el control social solo generará que el tráfico de influencias continúe.