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Estas personas han sido acusadas de extorsión, estafa y asociación ilícita para delinquir al figurar como dueñas de líneas telefónicas que fueron utilizadas para fines delictivos, aunque ellas nunca compraron dichas líneas. Y es que los populares "chips" son obtenidos a vista y paciencia de todos.
“Ellas (las empresas operadoras) se liberan de toda responsabilidad. Ellas dicen que los responsables son los distribuidores, ¿pero cómo puedes decir eso? Si la ley establece que tú eres responsable por todo el sistema de ventas”, señala el expresidente de la Asociación de Protección al Consumidor (ASPEC), congresista Jaime Delgado.
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EN LA BÚSQUEDA DE SU INOCENCIA
Desde que se enteró que tenía cerca de 20.634 líneas a su nombre, distribuidas a lo largo de todo el país, Guisella Taboada vive un vía crucis que la ha obligado a recurrir a servicios psicológicos.
La primera citación por extorsión y robo agravado la llevó a aproximarse a las empresas Movistar, Claro y Entel, donde ella aparece como titular de 17.470, 700 y 2.464 líneas, respectivamente, sin embargo, según indica, no obtuvo respuesta satisfactoria de las operadoras.
"En el caso de Entel, las líneas han sido activadas vía electrónica, en Claro y Movistar no se especifica cómo se realizó la activación. Han sacado miles de chips a mi nombre en Cuzco, Arequipa, Andahuaylas ,Trujillo, Chimbote, en todo el Perú", señala, tras manifestar su temor de que le sigan llegando nuevas citaciones de la Dirincri.
Aunque Taboada ha interpuesto una carta de cuestionamiento de titularidad, y ha pedido la copia de los contratos que han dado origen a todas esas líneas, hasta la fecha no ha recibido respuesta. "No me han hecho llegar ningún contrato en el que esté mi firma, ellos no tienen cómo justificar esto", agrega.
HASTA UN POLICÍA FUE SUPLANTADO
Escéptico, exhausto, con una deuda que carga sobre sus hombros producto de los procesos judiciales que hasta ahora enfrenta, se encuentra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Tapia, una de las tantas víctimas de la venta indiscriminada de líneas telefónicas.
"Yo interpuse cuatro denuncias ante el órgano regulador (Osiptel), lamentablemente pasó casi un año y los señores no aperturaron ningún proceso de seguimiento administrativo sancionador. Tuve que denunciar a los funcionarios públicos para que después de más de un año recién aperturen el procedimiento", expresa.
Al respecto, Osiptel indicó que "el señor Tapia confunde la fecha del inicio de las investigaciones con la fecha en que se sancionó a la empresa operadora".
Sobre la denuncia a sus funcionarios, el Osiptel dijo que la denuncia interpuesta por el señor Tapia fue archivada por el Ministerio Publico. Además, dijo que se sancionó con cuatro multas a Telefónica del Perú, por un total de S/.1´162.700 (302 UIT).
Si bien el Osiptel señaló que la razón por la que acumuló el caso del señor Tapia, junto al de otras 14 personas, les habría permitido que "la sanción a la empresa Telefónica sea mayor". Este accionar hizo que no se aplicará una multa sanción a la empresa operadora, sino solo una multa coercitiva.
Como refiere el congresista Delgado, Osiptel tendría que haber iniciado nuevos procesos, ya que “una cosa es iniciar un proceso sancionador por los nuevos casos y otra es iniciar un proceso sancionador acumulado, ver que no cumplen y entonces imponer una multa coercitiva".
¿Cuál fue la respuesta de Telefónica? Si bien la empresa reconoció que no había emitido las constancias de cuestionamiento de titularidad, indicó que luego se "aplicó el procedimiento respectivo y, en consecuencia, las líneas dejaron de estar bajo su titularidad".
Según fuentes de Telefónica, "la empresa lamenta lo ocurrido con el Sr. Víctor Tapia y la Sra. Gisella Taboada, quienes fueron víctimas de la suplantación de sus identidades para la adquisición de líneas telefónicas, hechos realizados por personas inescrupulosas ajenas a la empresa".
Al respectó, Tapia se mostró inconforme ya que eso no compensaría los juicios que hasta el momento esta sobrellevando. Así, aprovechó la ocasión para denunciar algo que ratificó la Corte Superior de Lima en una sentencia condenatoria que data de diciembre del 2014, el Osiptel, a través de dos exfuncionarios, actuó en colusión con Telefónica, en agravio del Estado.
Y SIGUE LA VENTA DE "CHIPS"
Este mes, Osiptel estableció medidas cautelares a Bitel, Claro y Entel a fin que cesen de activar líneas móviles prepago en algunos de sus canales de venta. Pese a ello, las empresas operadoras, Bitel y Claro, indicaron que continuarían con la venta y activación de chips prepago, ya que cumplirían con las disposiciones de ley para comercializar las líneas.
De acuerdo a Osiptel, los distribuidores que activen las líneas a través del sistema no biométrico deberán exigir, entre otras cosas, la exhibición del DNI del posible titular. No obstante, en diversos puntos de venta, como el que se ubica cerca a la estación Jardines, de San Juan de Lurigancho, esto parece ser letra muerta.
