El informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas. (Foto: GEC/Referencial)
El informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas. (Foto: GEC/Referencial)
Redacción EC

La Contraloría General de la República informó que ha detectado un perjuicio económico por US$6'191.422 y S/271.500 en el Contrato de Concesión del Terminal Portuario de en la región Piura, debido al incumplimiento de obligaciones contractuales y de la normativa del Sistema Portuario Nacional.

A través de un comunicado, detalló que realizó una auditoria a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que actúa en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Concedente); a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

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Como resultado, indicó la entidad fiscalizadora, se identificó la presunta responsabilidad de 22 funcionarios y ex funcionarios de la APN y Ositran involucrados en el caso.

La Contraloría explicó que la auditoría al contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario de Paita, suscrito el 9 de setiembre de 2009 y concesionado a 30 años, alcanzó la revisión del período comprendido entre el 31 de marzo de 2009 al 30 de marzo de 2018.

OBSERVACIONES
De acuerdo a la Contraloría, la APN aprobó los expedientes técnicos de obras civiles, equipamiento complementario y servicios de sistemas de información como Inversiones Adicionales, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a Inversiones Mínimas, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de US$2'947.253,53 por la reducción del monto de inversión adicional, incluido IGV, consignado en la propuesta económica del concesionario.

Asimismo, indicó que la APN también aprobó expedientes técnicos de las obras de infraestructura portuaria con cargo a la Inversión Adicional, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a Obras Mínimas de acuerdo al contrato y propuesta técnica del concesionario, ocasionando un perjuicio al Estado de US$3'244.169,01 por la reducción del monto de inversión adicional, consignado en la propuesta económica del concesionario.

La Contraloría también señaló que el concesionario entregó fuera del plazo previsto en el contrato de concesión, la información que acreditaba el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad (NSP) de 8 trimestres de la concesión; y el Ositran no inició el procedimiento administrativo sancionador al concesionario, pese a que constituía una infracción grave, lo que ocasionó que no se aplique una sanción de S/720.000 como mínimo.

Además, la APN modificó la metodología para la medición de los NSP del terminal portuario de Paita, incorporando sin sustento técnico deducciones de tiempo para el cálculo de los rendimientos exigidos en el contrato de concesión, lo que generó la afectación de la calidad de los servicios prestados a los usuarios y el favorecimiento al concesionario, puesto que pudo ser pasible de penalidades por S/122.763,69.

Igualmente, el concesionario no presentó dentro de los primeros cuatro meses de cada año de la concesión, los estados financieros auditados de sus accionistas fiadores, según lo previsto en la adenda N°1 al contrato de concesión, ocasionando perjuicio al Estado por S/271.500, debido a la inaplicación de las penalidades correspondientes.

NOTIFICACIÓN
El informe de auditoría ha sido notificado a los titulares del MTC, Ositran, Proinversión y de la Autoridad Portuaria Nacional el 8 y 11 de marzo de 2019.

También, fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría para que inicie las acciones legales respectivas, así como al Órgano Instructor para que determine el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente a los 22 funcionarios y ex funcionarios involucrados en el caso, 16 de ellos con presunta responsabilidad penal y todos con presunta responsabilidad administrativa.

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