El peaje que pagaremos todos

La pandemia dejará ejemplos de iniciativas regulatorias y solidarias que serán recordadas por años. Algunas de forma bastante grata, otras, no tanto. Lamentablemente, las medidas que viene promoviendo el nuevo Congreso encajan en el segundo grupo. Lo ocurrido con los peajes la semana pasada, es un claro ejemplo.

Como se recuerda, a fines de marzo una iniciativa multipartidaria propuso que se suspenda el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional mientras dure la emergencia sanitaria. Esto, sin hacer distinción entre vías administradas por el Estado o por empresas privadas. ¿El argumento? La medida permitiría facilitar el paso de personas que prestan servicios al Estado y de vehículos que trasladan productos de primera necesidad. Y, nada más.

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Cualquier persona esperaría que un proyecto de ley que busca algo tan grave, como alterar unilateralmente contratos y suspender cobros que estas empresas tienen derecho a realizar, estaría bastante mejor sustentado. La propuesta del Congreso, sin embargo, limita su exposición de motivos a tres párrafos. Es más, el análisis costo-beneficio apenas menciona que la medida beneficiaría a los vehículos que circulan para atender la emergencia sanitaria (en ojos del Congreso, la iniciativa no genera costo alguno).

Si esto fuera un trabajo grupal de alumnos de sexto de primaria… estaría jalado. Pero los estándares en el Legislativo no parecen ser tan elevados. Así, el proyecto fue exonerado de discusión en comisiones y aprobado en el Pleno con 93 votos a favor, 9 abstenciones y ninguno en contra.

Pero, ¿por qué sería un problema aprobar una ley para suspender el cobro de peajes en la coyuntura actual? En primer lugar, porque sería inconstitucional. Según dicta la Carta Magna, “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase” (artículo 62). ¿Y qué si esto ocurriera? Pues el Congreso estaría invitando a estas empresas a que lleven sus casos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en donde el Perú se enfrentaría a demandas millonarias.

Asimismo, la norma pone en riesgo cualquier punto adicional que pudiera estar incluido en los contratos de concesión (como la construcción de obras de infraestructura, la conservación de las vías, los servicios de auxilio mecánico y un largo etcétera). Además, reduce la recaudación que el Estado recibe por concepto de IGV en estos peajes y genera un costo enorme al bolsillo de los contribuyentes solo por concepto de mantenimiento de vías (que el Ministerio de Transportes estima en S/700 millones).

Finalmente (y no menos importante), una ley de esta naturaleza afecta la imagen del país al demostrar a los inversionistas que en el Perú los contratos no se respetan. En resumen, y en palabras del expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, “además de inconstitucional, esta norma linda con la torpeza”.

Y, ¿no había otra manera de exonerar el pago de peajes? Por supuesto que sí. Desde el Ejecutivo, por ejemplo, se buscó atender el problema conversando con las concesionarias. Esta medida logró suspender temporalmente el cobro en 56 de los 78 peajes que hay en el país (en los 22 restantes no se pudo al ser manejados por concesionarias autofinanciadas). Por ello, no fue sorpresa que la iniciativa del Legislativo fuera observada en Palacio.

Pero nada de eso le importó al Congreso. El último jueves, la norma se aprobó por insistencia con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones. Y ahora, ¿qué toca? El congresista de Somos Perú Rennán Espinoza lo dejó bastante claro durante la Junta de Portavoces la semana pasada: “El Estado tendrá que tener buenos abogados para defendernos…”. Es decir, este ya no es su problema.

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