En un comunicado conjunto, diversos gremios empresariales tales como Confiep, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y otros se han pronunciado en contra del decreto supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que dispone la reducción del ‘drawback’ de 3% a 1% a partir de este mes y hasta el 30 de junio del 2025. Desde dicha fecha, la tasa pasará a 0,5% en el 2025 hasta fines de dicho año.
Se trata de un régimen aduanero que permite a los exportadores la devolución de un porcentaje del valor FOB mediante la restitución de los derechos arancelarios que hayan gravado los insumos utilizados en la producción de los bienes exportados.
“El MEF, de manera sorpresiva e inoportuna, acaba de emitir el DS 189-2024-EF que reduce y elimina el Mecanismo de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (’drawback’) a las exportaciones no tradicionales, lo cual constituye un grave atentado contra las exportaciones que traen divisas, crean valor agregado, y generan más de cuatro millones de empleos directos e indirectos en todo el Perú”, dijo.
El comunicado señala que este mecanismo “permite que los exportadores no tradicionales puedan enfrentar el incremento de los costos internos y la falta de competitividad del país”.
“La reducción y posterior eliminación del ‘drawback’, de forma inmediata, se hace en circunstancias en que el sector de pesca de consumo humano directo y la acuicultura afrontan una gravísima crisis, poniendo en riesgo decenas de miles de empleos regionales. También cuando se está iniciando la cosecha y despacho de nuestros productos de agroexportación más importantes, así como los envíos de prendas del sector confecciones, al igual que la producción metalmecánica, siderúrgica, maderera, entre otros sectores que tendrán que asumir pérdidas, en unos casos, o paralizar los envíos al no poder incrementar los precios de exportación ya pactados con los clientes”, agregan los gremios.
En opinión de los gremios, proceder con la eliminación sin una agenda de reforma para la mejorar de la competitividad nacional, sobre todo en términos de infraestructura, “terminará afectando inversiones y empleos, y provocando el cierre de empresas, muchas de ellas, en las regiones del Perú”.
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