De acuerdo con el estudio denominado “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”, del Instituto Peruano de Economía (IPE), nuestro país es el que más oro ilegal ha exportado en el 2023 en Sudamérica, alcanzado el 45% de participación.
Dicho porcentaje, incluso, es mucho mayor en la participación que muestran países vecinos como Brasil, Colombia, Bolivia. Ecuador y Venezuela. Este informe fue presentado en el marco del segundo día del SIMPOSIO - XV Encuentro Internacional de Minería, a través del gerente general de la institución, Carlos Gallardo.
Otro de los hallazgos importantes del estudio es que hacia el 2023 el volumen de exportación de oro ilegal en el Perú se ha multiplicado hasta 7 veces comparado con el 2005, alcanzando las 77 toneladas de oro ilegal exportado al cierre del año pasado, valorizado en US $4.833 millones. De acuerdo con el IPE, hay una tendencia a que las exportaciones ilícitas continúen este ritmo de crecimiento, por el alto precio que mantiene ese metal precioso y ante la falta de una abordaje desde el sector público en este tema.
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Cabe precisar, que este informe fue elaborado a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En esa misma línea, dicho estudio se presenta en un contexto, en el cual la minería ilegal e informal se ha expandido durante los últimos años en diversos países de América del Sur, agravando sus efectos nocivos sobre la economía, el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. La minería ilegal -subrayó- también trae consigo altos índices de crimen organizado trasnacional y delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión.
En ese sentido, el representante del IPE afirmó que las políticas de formalización minera no han funcionado en Latinoamérica por la ausencia de una política integral y articulada, de lo que se han aprovechado las organizaciones criminales y grupos armados vinculados a la minería ilegal.
Entre las propuestas elaboradas por el IPE, explicó que, se encuentran la implementación de acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas, con énfasis en un mayor trabajo de inteligencia, así como de políticas de formalización con plazos estrictos, fiscalización y acompañamiento efectivos, sin excepciones a la regla.
