Hace unos días, la comisión encargada de proponer soluciones para la reforma del sector eléctrico presentó su primera propuesta, referida al sinceramiento de los precios del gas natural usado en generación térmica. Se trata de una controversia técnica que ha dividido las aguas en el sector eléctrico y suscitado una guerra sin cuartel entre generadores térmicos e hidroeléctricos, que ya lleva tres años. Juan Carlos Liu, titular de Ministerio de Energía y Minas (Minem), explica cuál es la solución.
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—La comisión para la reforma del sector eléctrico acaba de entregar su primera propuesta. ¿Qué propone?
El primer informe señala que la declaración de precios de gas ya no se va a dar. Lo que van a tener que presentar los generadores térmicos son sus respectivos contratos, para que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado [COES] determine los componentes fijos y variables. A partir de esa información, fijará el costo marginal [precio spot] para el despacho de energía.
—¿Esto significa que se va a sincerar el precio del gas para generación térmica?
Lo que señala esta propuesta es que los generadores ya no interpretarán sus contratos, sino que tendrán que corroborar la información que presenten.
—¿Cuándo se aprobará la propuesta?
No hay un plazo definido, pero no será de inmediato. El proceso de aprobación requiere la prepublicación de la norma [que ya está en la web del Minem] y el análisis de impacto regulatorio. Como la fecha señalada es julio del 2020, eso nos permite llegar a tiempo con esta y otras medidas complementarias.
—¿Qué medidas complementarias?
Estamos trabajando varias. Una propone la creación de un gestor, que comprará el gas natural para todos los generadores eléctricos. Es un pedido del productor de gas natural (Pluspetrol), quien señala que hay mucho gas retenido contractualmente, el cual debe ser reinyectado. Por tanto, solicita que encontremos una medida para que los generadores utilicen todo el gas que contraten.
—¿El gestor se encargará de asignar ese gas?
El gestor comprará el gas natural, tratando de que calce con los volúmenes que los generadores van a consumir. También determinará precios de gas que estarán exentos de la cláusula take or pay, lo que lleva a distorsiones en el mercado spot.
—¿Cómo se elegirá ese gestor? ¿Quién será?
Lo que estamos viendo es la manera de ampliar las funciones del COES para que asuma la función de comprar el gas para todos los generadores eléctricos, y que vea la manera de optimizar su uso.
—Hablando de gas. Usted ofreció en Piura el concurso del Bonogás para masificar este hidrocarburo. ¿Qué falta para que se aplique?
El Bonogás se financia con el Fondo de Inclusión Social Energético [FISE], que se creó en el Minem y que debería ser administrado por nosotros. Actualmente está en manos de Osinergmin , pero estamos solicitando su devolución para dar mayor celeridad a la masificación del gas natural.
—¿Con cuánto dinero cuenta el FISE?
En números gruesos, Osinergmin tiene S/1.200 millones en los bancos.
—¿Cómo harán para que ese fondo regrese al Minem?
Solo falta realizar las mismas modificaciones que se efectuaron en su momento para que Osinergmin lo administre. Nos referimos a la Ley de Equilibrio Financiero, cuya primera disposición transitoria señala que el FISE será operado por el Osinergmin en el 2020. Lo que vamos a hacer es reducir ese plazo a un mes: enero.
Con el Bonogás esperamos llegar a 1,5 millones de hogares en todas las concesiones de gas natural al 2020.
—¿Cuántas conexiones proyectan alcanzar con el Bonogás?
Hasta ahora tenemos 1,1 millones de hogares conectados, pero con el Bonogás esperamos llegar a 1,5 millones de hogares en todas las concesiones existentes: Piura, Tumbes, Quavii [norte], Naturgy [sur], Lima e Ica. A eso le vamos a añadir el proyecto Siete Regiones [la masificación del gas en siete regiones andinas], cuya subasta ocurrirá en el primer trimestre del 2020.
—¿YPFB sigue interesado en participar? Porque ha trascendido que desistiría debido a la renuncia de Evo Morales.
Lo que nosotros hemos captado es que los tres postores están deseosos de participar, incluidos Cálidda e YPFB, que, a pesar de la situación política en Bolivia, no ha descartado concursar.
—La SNMPE estima que la inversión minera no llegará este año a los US$6.000 millones que ustedes han proyectado, sino mucho menos. ¿Siguen proyectando ese monto?
En el 2018 tuvimos inversiones por US$5.000 millones. A octubre de este año alcanzamos US$4.780 millones, lo que significa un 25% más que en igual período del 2018. Y esta mañana [jueves] nos acaban de informar que la inversión a noviembre alcanzó los US$5.300 millones. Si extrapolamos esas cifras, pensamos que sí podremos llegar a los US$6.000 millones.
—¿Cuál sería la inversión el próximo año?
En el 2020 esperamos alcanzar US$6.300 millones de inversión. Y para la siguiente década tenemos una proyección de US$57.700 millones, que puede ir creciendo, dado el stock de proyectos mineros que tenemos.
—¿En qué se sustenta esa previsión?
Básicamente, en seis grandes proyectos: Yanacocha Sulfuros, Coroccohuayco, San Gabriel, Corani, Pacahapaqui y la optimización de Inmaculada. Pero, más que nada, por Yanacocha Sulfuros.
—En esa lista no aparece Tía María. Imaginamos que por temas sociales.
Cuando ponemos nuestras metas de inversiones, pensamos en las más conservadoras. Tía María es un proyecto que la misma empresa minera que lo desarrolla [Southern] dice que no entrará en operación antes del 2024. Por lo tanto, hay cinco años para llegar a obtener esa calma social en la cual el proyecto tendría que sustentarse.
Para el 2020 esperamos alcanzar US$6,300 millones de inversión en minería.
—Lo que sí es indudable es que la inversión en exploración minera viene a la baja: -11,5% a octubre. ¿Con qué caída cerrará el año?
Nosotros esperamos US$430 millones de inversión en exploración [un aumento anual de 4%].
—¿Por qué aseguran eso?
En días previos emitimos un decreto supremo que prorroga la exoneración del IGV a la actividad exploratoria en minería e hidrocarburos. Adicionalmente, hemos implementado la ventanilla única digital para agilizar los permisos, y estamos viendo con el MEF la manera de dar rapidez a los trámites.