Los derroches del Congreso, por Alek Brcic Bello

Perdido entre tantos artículos de la Constitución, acomodado en el capítulo que refiere al régimen tributario y presupuestal, se encuentra un texto más ignorado que un letrero de ‘Pare’ en Lima. Se trata del artículo 79, aquel que señala que los congresistas “no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

En concreto, lo que dice la Carta Magna es que no es una potestad del Legislativo aprobar normas que comprometan los fondos del Tesoro Público. Decidir en qué se gasta el dinero del Estado es una tarea que recae en el Ejecutivo (por ejemplo, al asignar más de S/7.000 millones para enfrentar una segunda ola de coronavirus).

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Esto no es algo que surgió en los debates del Congreso Constituyente de 1992. Estuvo también en la Constitución de 1979 y busca proteger las finanzas públicas de irresponsabilidades que pudieran venir de distintos frentes políticos (los recursos, finalmente, son limitados y más todavía con una recaudación tan golpeada como la actual).

El tema es que a los congresistas no les interesa cumplir con esa disposición. O bien no han llegado a ese artículo o claramente lo leyeron y no les importó.

Según informó el Consejo Fiscal en un comunicado publicado la semana pasada, cerca del 21% de los proyectos de ley presentados por el Congreso este año golpearían las finanzas públicas en caso sean aprobados. Si se considera solo a los que ya pasaron por comisiones y tienen un dictamen positivo (es decir, aquellos que ya fueron aprobados por grupos parlamentarios encargados de evaluarlos), este número sube a 31%.

¿Y en verdad son tantas las irresponsabilidades fiscales del Parlamento? Ejemplos sobran. Para empezar, está la medida aprobada por insistencia en mayo y posteriormente frenada por el Tribunal Constitucional que suspendía el cobro de peajes a nivel nacional durante la emergencia sanitaria.

Como se recuerda, esa vez los congresistas aprobaron por amplia mayoría dar pase libre en todas las rutas con peajes en el país, ignorando contratos privados, potenciales arbitrajes internacionales y dejando de lado todo el mantenimiento de esas vías. Según la propuesta sustentada en solo tres párrafos, la norma no generaba ningún costo al Estado.

Luego, en agosto, otra medida aprobada por insistencia dispuso el ascenso automático del personal de salud en el sector público (una norma que EsSalud estima costaría S/1.100 millones cada año). Actualmente, dicha ley está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de Martín Vizcarra.

En octubre llegó la propuesta que ordenaba la reposición de más de 14.000 docentes cesados que no aprobaron el examen de la Carrera Pública Magisterial en el 2014. Tras el escándalo que involucró la aprobación de esa medida, los congresistas retrocedieron y la devolvieron a la Comisión de Educación para seguir discutiéndola.

Y así como esas, otras varias iniciativas serán votadas en el Pleno en las próximas semanas. Como señaló un informe publicado en este Diario el último sábado, solo en cuatro de esas propuestas (como la aprobación por insistencia de los retiros de la ONP y el pago del 100% de la CTS a los docentes del sector público), se calcula un costo de más de S/18.500 millones.

El COVID-19 ha generado la peor crisis económica en un siglo y ha puesto a prueba toda la solidez macroeconómica que el país construyó durante décadas. Las ganas de ayudar del Congreso, sin embargo, lo único que han hecho es complicar la situación.

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