Osiptel propone prohibir venta o alquiler de decodificadores

Esta mañana, el Osiptel presentó su propuesta de cambios normativos para el servicio de TV paga, con lo cual prohíbiría la venta o alquiler del decodificador.

La intervención del ente plantea cambios en cuatro aspectos, además del ya mencionado. Establece que el servicio de TV paga cumpla con la obligación de otorgar la habilitación de un punto de acceso, como mínimo; plantea una estructura tarifaria ordenada en tres conceptos (tarifa de instalación y activación, tarifa por conexión, y  tarifa por punto de acceso adicional), y prohíbe el financiamiento de los decodificadores.

Según Osiptel, hasta que la norma sea emitida, los operadores podrán dar un financiamiento a los equipos solo por seis meses. Cabe precisar que esta medida ya se está siendo aplicada en el mercado.

Rafael Muente, presidente del regulador, señala que de intervenir, se transparentará la información de cobros por servicio a usuarios y estos podrán comparar y elegir más fácilmente a la empresa y el plan que más les convenga.

Otro beneficio que indica es que habrá mejoras en el proceso competitivo por reducirse el costo de cambio de operadores: el financiamiento ya no será a 24 meses y no habrá mayor dificultad en comparar precios de operadores.

Si bien los operadores se mostraron en contra de la medida, Mónica Chonate, representante de la Defensoría del Pueblo, la destacó y añadió que se deben establecer tarifas detalladas. "Nosotros sí creemos que se debe establecer las tarifas detallada por cuanto el usuario debe conocer qué es lo que está pagando", dijo.

EN CONTRA

Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), señala que esta propuesta causa preocupación pues estima que "va a generar el efecto contrario y en lugar de dinamizar el mercado, lo va a perjudicar".

"Forzar esta condición para después regular este tema comercial nos causa preocupación porque viola el artículo 62 de la Constitución. Se viola Decreto Supremo 020-98 de apertura a las telecomunicaciones", manifestó.

Por el lado de la operadoras, Joana Melgarejo, representante de Directv, manifestó que la empresa está en contra del proyecto presentado por Osiptel pues, alegó, solo se enfoca en la modalidad pospago y disminuye la oportunidad a usuarios de acceder a TV paga mediante la modalidad prepago que la operadora ofrece. 

En ese sentido, cabe precisar que Directv ofrece un servicio prepago en diversas zonas del país y dicho modelo, según Melgarejo, ha tenido bastante acogida en los segmentos D y E.

"No se analizan beneficios de esta oferta [modalidad prepago] enfocada a ir a zonas rurales y usuarios de menores recursos. No se ha tomado en consideración que este tipo de producto reduce la brecha de acceso a TV paga. Se elimina la posibilidad de que se ofrezca este producto. (...) Este tipo de práctica puede eliminar la oportunidad de luchar contra operadores informales, algo que el kit prepago hace por el bajo costo", comentó.

Por otro lado, Ana Quintanilla, representante de Movistar, indica que la propuesta afecta el bolsillo del consumidor peruano y fomenta la informalidad que afecta al bolsillo del Estado.

"Con esta propuesta, reducir el plazo de instalación a seis meses hace que el cliente o pague al contado o no pueda asumir la cuota mensual de instalación. (...) Tenemos penetración de TV paga por debajo de la región y no podemos fomentar normas que perjudiquen al mercado", manifestó.

En la misma línea, el representante de América Móvil (Claro), Javier Ríos, alegó que el usuario posee información en páginas web, por lo que no ve falta de información en los servicios de TV paga.

"Nos preocupa que se quieran regular esquemas como el alquiler de decodificadores que son ampliamente utilizados", añadió, recalcando que algunos de los efectos negativos de la regulación de Osiptel sería la mayor informalidad y la piratería en el sector.

Lea más noticias de Economía en...