Petro-Perú aseguró en un comunicado emitido ayer (25 de febrero) que no despedirá a 1.600 trabajadores, como lo informó El Comercio en nota periodística publicada esta semana.
Al respecto, la empresa estatal indicó que “no existe una disposición ni planes aprobados por la actual administración para ejecutar despidos masivos”.
Precisó que las medidas de optimización de la estructura organizacional que se vienen ejecutando - incluyendo el plan de reducción de personal - fueron planteadas por la administración anterior (de Rita López).
Dichas medidas, dijo, han sido aprobadas por el directorio y “son de conocimiento de toda la comunidad empresarial y laboral, cuyo alcance ha sido informado oportunamente a través de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)”.
Añadió que el proceso de reorganización se desarrolla con criterios técnicos, ordenados y transparentes, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad de la empresa y en el marco de la normativa legal vigente.
Sucede, sin embargo, que ese mismo directorio, que sigue “criterios técnicos, ordenados y transparentes”, no dudó en remover del cargo a la funcionaria que formuló el plan de optimización organizacional de la empresa: la gerente general Rita López (19 de febrero).
Esto, aprovechando el clima de incertidumbre política generado por el cambio de Gobierno y, lo que es peor, sin informar previamente al MEF, liderado en ese momento por Denisse Miralles.
En opinión de Carlos Paredes, expresidente de Petro-Perú, se habría tratado de un ‘golpe de Estado’ perpetrado por el directorio de Petro-Perú bajo el supuesto de que Miralles “no permanecería en el cargo tras la censura de José Jerí”.
Tan es así que, en los días posteriores a su designación, el nuevo gerente general de la empresa, Gustavo Villa, procedió a realizar varios cambios gerenciales orientados a desandar lo actuado durante la administración de Rita López.
De esta manera habrían sido enviados de vacaciones forzadas el gerente legal (Jaime Alata), el gerente de recursos humanos (Francisco Martín Cruz) y el gerente corporativo de administración (Renzo Higa).
Fuentes consultadas por este Diario señalaron que uno de los objetivos perseguidos con estos cambios habría sido el de “allanar el camino para el despido de 1.500 a 1.600 trabajadores”, medida que había sido planteada inicialmente por el directorio y a la que López se había opuesto.
Por el contrario, la exfuncionaria había formulado un plan para remover a 954 empleados, pero en forma progresiva y sin despidos.
Al cierre de este artículo, este Diario supo que el directorio de Petro-Perú estaría dejando sin efecto las medidas que Gustavo Villa adoptó esta semana, empezando por los cambios gerenciales en las áreas Legal, de RR.HH. y Administración.
Ello, luego de que la Junta General de Accionistas llamara la atención a la presidenta del directorio, Elba Rojas, por este y otros sucesos que vienen ocurriendo a sus espaldas, como la remoción de Rita López, dijeron las fuentes consultadas.
Y es que la designación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros (situación imprevista hace unos días) habría dejado al directorio y la gerencia de Petro-Perú sin piso.
Así, si Jaime Alata, Francisco Cruz y Renzo Higa se reincorporan a sus funciones habituales de esta semana, ello seguiría en pie el plan de optimización organizacional formulado por López.
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