Pro Inversión: Visiones encontradas sobre el futuro de la agencia

El pedido de facultades legislativas que el gobierno del presidente, Martín Vizcarra, solicitará al Congreso incluye un tema clave que es la reforma de Pro Inversión. En particular, se consideran seis puntos; dos de los cuales han abierto el debate sobre el futuro y las funciones específicas que debiera asumir la agencia estatal.

Se trata de dos propuestas que implican quitarle competencias a Pro Inversión y devolvérselas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con el decreto legislativo 1224, publicado en setiembre del 2015 bajo la gestión de Alonso Segura, el MEF era el encargado de emitir opinión técnica sobre: los planes multianuales de inversión en asociaciones público-privadas (APP) de los sectores del Estado; además de hacer seguimiento a este tipo de proyectos a través del equipo especializado de seguimiento de la inversión.

Sin embargo, en noviembre del 2016 -ya en la era de Alfredo Thorne- estas dos competencias fueron transferidas hacia Pro Inversión a través del decreto 1251. El pedido de facultades busca deshacer lo normado en este último decreto y volver a como era según la norma 1224.

EL DEBATE
Para un ex funcionario del sector, es correcto que sea el MEF quien tenga las dos funciones señaladas líneas arriba a su cargo. La razón -considera- es que, por un lado, Pro Inversión no tiene injerencia en algunos procesos clave de los proyectos de APP, tal como son las expropiaciones de terrenos para la ejecución de obras.

En ese sentido, señala que el MEF es un ente rector transversal que puede actuar mejor en esas circunstancias.

Sin embargo, el ex jefe de asesores del MEF de Alfredo Thorne, Carlos Ganoza, recuerda que el MEF tampoco tiene que ver con estos procesos sino que, por el contrario, la agencia ya se ha encargado de algunas expropiaciones en el pasado.

"Creamos el Proyecto de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Prioridades (APIP) como una de las normas para tener una unidad de élite para expropiaciones dentro de Pro Inversión, que era aprobado por gremios, el Banco Mundial o otros actores", agrega.

Más aun, Ganoza precisa que es necesario que el tema del saneamiento predial sea una competencia de Pro Inversión; pues es un aspecto clave para establecer cronogramas y los diseños de proyectos.

Con respecto a la facultad de emitir opinión técnica sobre los planes multianuales de inversiones en APP, diversos especialistas han advertido que es el MEF quien debe tener la opinión y rectoría, para evitar que se elaboren planes inalcanzables; dadas las restricciones fiscales del país.

El rol de Pro Inversión -apunta Ganoza- no es opinar sobre la viabilidad en cuanto a recursos; sino evaluar si los proyectos considerados deben realizarse como APP o no. De este modo se evitaría que proyectos inviables como APP impongan carga a los funcionarios de Pro Inversión, tal como sucedió con el Gran Teatro Nacional o el Acuario que se buscó impulsar en el gobierno anterior.

"Para que no haya presión política para meter proyectos que no son viables, se estableció que Pro Inversión opine sobre si se puede hacer como APP o no. Es un sinsentido que Pro Inversión no pueda decidir en qué proyectos meterse", concluye.