Servir: "Las exclusiones no son positivas"

El pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial.

Esta norma excluye a los trabajadores del Poder Judicial (PJ) de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conocida como Ley Servir.

Juan Carlos Cortés, presidente de Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), consideró que, en general, las exclusiones de las instituciones de la Ley Servir no son positivas pues reflejan una visión parcializada de lo que debería ser el Estado.

"Resulta curioso [que se apruebe esta exclusión] justo en el mes en el que estamos trabajando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que señala expresamente la necesidad de contar con un servicio civil meritocrático", apunta. 

En esa misma línea, Cortés resaltó que al estar fuera de la Ley Servir, los trabajadores del PJ no podrán acudir al Tribunal del Servicio Civil, que resuelve problemas disciplinarios en tiempos más cortos que el propio sistema tradicional de justicia. 

EFECTO NEGATIVO
El presidente de Servir consideró que esta nueva exclusión impulsaría a otros organismos gubernamentales a seguir el mismo camino. 

"Quizá el error principal estuvo en aceptar la primera [exclusión]. Sin embargo, hay que recordar que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que no se está respetando", recordó. 

Dicha sentencia señala que todas las entidades del Estado, con sus respectivas excepciones, están sujetas a la Ley Servir. De hecho, según la ley del servicio civil, solo los jueces -y no lo trabajadores administrativos- deberían ser excluidos por disposición de la Constitución. 

Más allá de la exclusión mencionada, para Percy Alache, director de PwC, la posible aprobación en la Comisión de Trabajo del proyecto de ley que ordena el traslado de trabajadores CAS al régimen laboral 728, sería el fin de la Ley Servir. De acuerdo con el especialista, esto generaría un costo de alrededor de S/2.178 millones en un período de tres años, plazo sugerido para la adecuación de la norma. 

"[La Ley Servir] buscaba homogeneizar los regímenes del Estado que actualmente son tres. Un 22% de trabajadores públicos está la ley 728, un 40% en CAS, y 38% responde al DL 276", detalla.

Asimismo, agrega que aunque 40 entidades ya estaban listas para activar la Ley Servir, hasta el momento ningún trabajador ha sido contratado bajo esta modalidad.

"La Ley Servir tenía dos objetivos: que haya meritocracia y que haya un sólo régimen laboral [...] Sin embargo, el pedido de exclusiones muestra que las entidades estatales están en contra de las evaluaciones continuas que exigía Servir", apunta Alache.

MÁS DATOS

► La norma, que fue aprobada en enero por el Congreso, fue observada por el Poder Ejecutivo.

► El Tribunal de Servir ya ha visto cerca de 80 mil casos discplinarios, de los cuales han sigo impugnados menos del 1%.

► Los trabajadores de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y del propio Congreso han sido excluidos de la Ley Servir. 

► La Ley Servir se creó en el 2011. 

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