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PricewaterhouseCoopers (PwC) reveló en el Congreso de la República las razones que motivaron el retiro de su oferta para auditar los estados financieros de Petro-Perú.
En declaraciones ante la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, el socio principal de la firma auditora, Orlando Marchesi, enumeró los factores que condujeron a la infausta decisión, resaltando, por sobre todo, las amenazas públicas vertidas en medios por Fernando de la Torre, actual gerente general de Petro-Perú.
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Marchesi recordó que el pasado 7 de marzo, de la Torre, quien entonces se desempeñaba como gerente de Finanzas de la estatal, amenazó a través de RPP con iniciar acciones legales contra PwC por su decisión de retirar su oferta de auditoría.
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Explicó que dicha decisión había sido comunicada a Petro-Perú el pasado 28 de febrero, en atención a que “no habían podido ponerse de acuerdo en los términos contractuales”, y “a la remoción de personal clave” de la petrolera estatal, vale decir, del subgerente de contabilidad y el representante bursátil ante la SMV, los cuales tenían a su cargo la elaboración de los estados financieros.
Añadió que entre esta comunicación y las declaraciones vertidas por de la Torre, la estatal emitió un comunicado a la opinión pública en el que achacaba a PwC la responsabilidad por no firmar el contrato de auditoría.
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“El contrato no podrá ser firmado, dado que el referido socio ha pretendido incluir indebidamente ciertas condiciones de evidente connotación política que iban más allá del objetivo de la auditoría”, manifestó la empresa petrolera.
Marchesi indicó que estas acusaciones fueron respondidas en una carta notarial del 8 de marzo, donde informaba a Petro-Perú que “se encontraban impedidos de brindar el servicio de auditoria” debido a las “amenazas de demanda” y “a las declaraciones públicas del gerente de finanzas”, conforme a lo dispuesto en el manual del Código de Ética para profesionales de contabilidad.
![“No entendemos la actitud de nombrar [como gerente general de Petro-Perú] a la persona que nos amenaza”, manifestó Orlando Marchesi, socio principal de PwC, en referencia a Alfredo de la Torre (en la foto).](https://elcomercio.pe/resizer/WvzdZBEr4G8LskWOOeH1v33uh4U=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CHN3WWFEENEEXO4JFSMXSP7LCQ.jpeg)
“En esos casos, el auditor pierde independencia y queda impedido de prestar servicios de auditoría”, remarcó el funcionario.
Reunión con Hugo Chávez
Detalló que estos tópicos fueron abordados en una reunión de urgencia sostenida poco después (9 de marzo) con el entonces gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, en la cual este desautorizó “todo intento de demandar a PwC” y prometió contratar a una firma de prestigio para hacer una auditoria forense de Petro-Perú.
Agregó que Chávez se comprometió también a no seguir insistiendo en incluir una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo en el contrato de auditoría y a informar a PwC, puntualmente, sobre el desarrollo de las investigaciones que realizan la Contraloría y Fiscalía (por el caso biodiesel y otros).
Anotó, sin embargo, que la propuesta de Petro-Perú no hacía alusión “a la salida de las personas que nos habían amenazado”, por lo que se vieron precisados a retirar su oferta.
“Sin perjuicio de esta carta de desagravio y en vista del grave deterioro de nuestra independencia como auditores, debido a las amenazas publicas proferidas por el gerente de finanzas (hoy gerente general), le comunicamos a Petro-Perú el 11 de marzo que no íbamos a poder aceptar el encargo de la auditoria”, aclaró Marchesi.
Añadió que, luego de eso, el directorio de Petro-Perú designó como nuevo gerente general a Fernando de la Torre, quien desde entonces no ha cesado de amenazar a PwC con tomar medidas legales en su contra.
“No entendemos la actitud de nombrar [como gerente general] a la persona que nos amenaza”, remarcó el funcionario.
PwC, cabe señalar, ha auditado los estados financieros de Petro-Perú en los últimos cuatro años. En su propuesta para el 2021, la firma contable se comprometió a entregar un informe corto el 30 de mayo y uno más completo el 30 de junio.
Su oferta fue presentada en la primera semana de enero, pero nunca prosperó.
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