“Pensar en una expansión de Cuajone en esta situación no tiene mucho sentido”

Cuajone cumple 52 días de paralización desde que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala capturó la única fuente de agua del campamento minero y la vía férrea del mismo. Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advierte que el Gobierno pudo actuar “más temprano” y “de manera más enérgica” para evitar llegar a esta dramática situación.

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—¿Han conversado en estos días con el Gobierno para ver una salida a la paralización de Cuajone?

Sí. Hemos tenido conversaciones con el equipo encargado de la gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Básicamente, están trabajando en una resolución ministerial que debería ser consensuada con la comunidad. Lamentablemente, vemos que no se puede avanzar porque los comuneros siguen manteniendo de manera violenta el reservorio Viña Blanca, que dota de agua a Cuajone, y también la línea férrea que trae los materiales y permite transportar la producción de Cuajone hacia la costa.

—Entiendo que en estos 51 días de detención ha habido varios intentos de instalar mesas de diálogo, pero que no han tenido éxito.

Así es. El Ministerio de Energía y Minas llegó a publicar un dispositivo creando una mesa de diálogo, pero ni la comunidad ni la empresa aceptamos la forma en que se había propuesto. Nosotros tenemos la mejor disposición de sentarnos a dialogar, pero no lo vamos a hacer en tanto se mantengan las medidas de fuerza por parte de la comunidad.

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—Hildebrandt en sus Trece señala en su última edición que la comunidad aguarda la resolución del Minem porque piensa que esta garantizará el cobro de los US$5.000 millones que exigen de Southern.

Bueno, nosotros no sabemos que han hablado los funcionarios del gobierno con la comunidad. Solo sabemos lo que hemos visto en las conversaciones en las cuales hemos participado y nunca se ha tocado ese tema. De hecho, nosotros consideramos que este es un pedido que no tiene ninguna base, porque las tierras donde opera Cuajone fueron entregadas a la empresa en el siglo pasado.

—¿Cuándo fue eso?

En los años setenta e, incluso, un poquito antes. O sea, nosotros recibimos concesiones mineras en terrenos del Estado. Es más, hubo un momento en el cual tuvimos un juicio con un grupo de pobladores de la zona, que ganamos en la Corte Suprema y esta fijó el límite de la concesión con la comunidad. Por eso, creemos que acá hay un error. Hay alguien que ha inducido a las personas de esta comunidad a pensar que tienen un derecho donde no lo tienen.

—¿En qué año se desarrolló ese juicio?

Fue a principios de este siglo. Terminó hace poco más de diez años y la Corte Suprema falló en favor nuestro. Entonces, ya se ha encontrado una solución a través de un proceso judicial, que tomó un tiempo pero que definió el límite entre la comunidad y la compañía, de acuerdo a la ley y al ordenamiento jurídico peruano.

—¿Qué tan complicada es la situación para los trabajadores y sus familias después de cincuenta y uno días sin acceso al agua?

Los trabajadores están muy preocupados porque esto genera una serie de problemas prácticos difíciles de solucionar. Por ejemplo, el hospital de Cuajone ha empezado a recibir únicamente en emergencia porque hemos tenido que cerrar el resto de actividades. Y en emergencia hemos notado un aumento de los casos de enfermedades estomacales, justamente por la falta de higiene. También, los colegios que debían estar operando de manera presencial, no lo están haciendo por falta de agua. Y luego está la preocupación grande, porque van cincuenta días y los trabajadores están preocupados por sus puestos de trabajo. Por eso estamos constantemente haciendo llamados a la prudencia y la calma.

—En Cuajone no viven solamente los trabajadores sino también sus esposas e hijos. ¿En total, cuántas personas son?

En total son cinco mil personas. La mitad son trabajadores de la empresa y la otra mitad de empresas contratistas, dos mil quinientos en total. Y el resto (otros dos mil quinientos) son sus esposas e hijos.

—¿En estos 51 días de paralización, la mina no ha producido nada de cobre?

No se ha producido nada de cobre. Hemos hecho algunos trabajos de mantenimiento en los primeros días, pero una vez que terminamos eso no había mucho más que hacer. Y lo estamos viendo con gran preocupación, porque tratamos de retener a una fuerza laboral de gran calidad que es la que siempre hemos tenido en Cuajone.

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—¿Hasta cuándo podrán mantener en esta situación? ¿En otras palabras, tienen un horizonte de cuándo tendrían que detener la mina por completo?

En realidad, esperamos que esto se solucione lo más rápido posible. No se puede llevar esto de manera indefinida. A corto plazo, vamos a tener que tomar algunas decisiones, pero por ahora preferiríamos enfocarnos en encontrar una solución.

—¿Las pérdidas por estos 51 días de detención ascienden a US$250 millones?

Son US$ 250 millones en exportaciones y S/8,5 millones diarios en impuestos.

—¿Qué pedirían al Gobierno para que el ambiente sea más propicio para las inversiones mineras?

Bueno, lo que hay que hacer es un esfuerzo sostenido para reducir la conflictividad social. Lo he comentado en varias ocasiones: si uno mira el número de conflictos sociales que tiene el Perú y lo compara con otros países, incluso nuestros países limítrofes, nuestros conflictos son sustantivamente más numerosos. Pueden ser tres o cuatro veces más numerosos, dependiendo de los países que miremos. En muchos casos, lo que ocurre es que cuando empieza un problema, no se actúa y se dejan pasar quince días o un mes sin tener una acción relevante.

—¿Eso es lo que ha sucedido con Cuajone?

Bueno, esto es lo que creo que ha pasado. En el caso de Cuajone se pudo actuar más temprano, de manera más enérgica y eso hubiera ayudado mucho. Pero ya estamos en la situación en que estamos. Esto ha escalado a ser un problema prácticamente nacional y es lamentable.

—Southern tiene una cartera bien grande de proyectos, como la ampliación de Cuajone, la nueva refinería de Ilo, Los Chancas…

Y también Michiquillay.

—Y también Michiquillay. ¿Qué va a pasar con estos proyectos?

Cada uno de estos proyectos tiene distintos niveles de avance. En algunos casos estamos trabajando en la ingeniería, que es un trabajo más de gabinete y no requiere de interacción con las comunidades. En otros, como en Michiquillay, hemos firmado convenios sociales con las comunidades de la zona. La compañía tiene una mirada de largo plazo, y en esa mirada de largo plazo estos proyectos deberían ir saliendo en el futuro.

—¿Se puede decir que la prioridad de Southern está en México ahora y no en el Perú?

No. La prioridad de la compañía está en desarrollar sus proyectos. En México hay, en este momento, tres proyectos por más de US$1.000 millones en construcción. En Perú tenemos una cartera de US$8.000 millones que sería ideal poder construir en los próximos años, pero se requiere condiciones adecuadas. Por ejemplo, pensar en una expansión de Cuajone (US$850 millones) en esta situación no tiene mucho sentido.

—¿Ha habido en estos meses algún avance en Tía María? ¿Cómo están socializando el proyecto?

El proyecto avanzado mucho. De hecho, hemos tenido contactos positivos con el gobierno regional de Arequipa. En la zona Islay también tenemos el apoyo de varios de los alcaldes. Entonces, el proyecto ha avanzado de manera muy importante. Lo que necesitamos es que haya un deseo del gobierno nacional de salir adelante con el proyecto. Ya está todo listo, porque ahí sí tenemos los recursos para empezar inmediatamente con las actividades de construcción. Podríamos pensar también en un fondo social para la zona.

—Eso sería algo muy bueno.

Pero para eso necesitamos la acción del Ejecutivo, para que nos acompañe en el proceso.