La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó este sábado por mayoría –8 votos a favor y 1 abstención– el texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley que proponen la reprogramación extraordinaria de pago de créditos para la protección del ahorro y fortalecimiento del sistema financiero por estado de emergencia nacional debido al COVID-19.
Según los considerandos de la propuesta, se busca aliviar la situación financiera de las personas, evitar la insolvencia de las familias y la ruptura en la cadena de pagos; así como proteger a los ahorristas y contribuir a la solidez del sistema financiero.
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“La finalidad es proteger a casi el 94% de deudores, es decir a 8,4 millones de personas que ya están en estado de deuda por 1 o más meses con la banca múltiple”, señaló José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, en una sesión virtual realizada este sábado luego de tomarse el acuerdo de aprobar la propuesta legislativa.
El congresista observó que a más de 100 días de cuarentena la situación se ha tornado crítica para las familias imposibilitadas de trabajar, lo que –dijo– pone en riesgo su solvencia y su patrimonio al no haber podido honrar sus deudas.
“Ahora, con la noticia de que se va ampliar hasta el 31 de julio, recién el Gobierno en forma desordenada y apurada está echando a andar el motor de la economía, pero cientos de miles de personas se quedaron sin empleo. Solo en Lima 2 millones y medio se quedaron sin empleo hasta el mes pasado, a otras las han mandado a suspensión perfecta, a muchos se les redujo el sueldo y hasta a los trabajadores informales hemos visto como les quitan su mercadería en todo gamarra y sus alrededores”, indicó Morales.
El beneficio que otorga la propuesta es establecer un período de gracia de 90 días calendarios que puede ser ampliado de común acuerdo entre las partes. Este período de gracia comprende el no pago del capital, interés compensatorio, interés moratorio cualquier tipo de penalidad, comisión o gasto. El saldo de la deuda podrá ser financiada entre cinco años a más, según las disposiciones reglamentarias que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Al votarse por separado, con 5 votos a favor y 2 en contra, se aprobó retirar el artículo 6 respecto de la suspensión de cobranzas judiciales y extrajudiciales por el plazo de 60 días calendarios siempre que el deudor haya caído en moratoria de pago con posterioridad al 16 de marzo de 2020.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor lamentó que para sustentar la posición del Gobierno sobre la referida propuesta, no haya asistido a la sesión virtual la Ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, quien a través de los medios de comunicación opinó que de aprobarse la propuesta se generaría un impacto fiscal que agravaría la crisis económica.
De igual manera, Luna Morales lamentó que en su momento tampoco haya asistido el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.
Sin embargo, informó que respecto del primer texto (16 de junio) el titular del BCR dijo que ponía en riesgo la liquidez del sistema financiero especialmente de las microfinancieras, así como los ahorros de la ciudadanía; mientras que, por otro lado, respecto del segundo texto (26 de junio) señaló que se genera inequidad porque también beneficia a personas naturales que tiene ingresos por rentas y que el Congreso no debería normar acciones de política tributaria porque es inconstitucional en referencia a las tasas de subasta.
Al respecto, la congresista Zenaida Solis, del Partido Morado, dijo que el programa Reactiva Perú 2 debe considerar de manera urgente y prioritaria tener en cuenta a las Mypes. “De los 30 mil millones de soles, 15 mil millones –es decir el 50%– debe ir a las pequeñas y a las medianas empresas”, expresó, al tiempo de subrayar que el Parlamento necesita corregir eso porque el programa Reactiva Perú no llegó a quienes más lo necesitan y tiene serios cuestionamientos.
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