José Carlos  Saavedra

El primer mensaje que el flamante ministro de Economía, Kurt Burneo, ha dado a la población ha sido la alerta de que la economía peruana está encaminándose a una recesión y que eso justifica un nuevo paquete de estímulo económico.

Más allá de la discusión sobre si tendremos recesión, efectivamente todo apunta a que la economía peruana se desacelerará y que la creación de empleo de calidad será insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

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Ya vemos, de hecho, algunas señales de debilitamiento económico, sobre todo para las ventas en el mercado local. El ritmo de crecimiento de importaciones de bienes de capital y del crédito empresarial se ha debilitado, lo que revela el enfriamiento de la inversión empresarial. Además, más de la mitad de las empresas más grandes del país señalan que han percibido una desaceleración en el crecimiento de sus ventas a agosto. Esto en un contexto en el que los ingresos laborales se mantienen cerca de 20% por debajo de lo que eran antes de la pandemia.

¿Cuáles son las causas de esa desaceleración? Por un lado, el entorno internacional será menos favorable, con tasas de interés más elevadas y el menor crecimiento de nuestros socios comerciales. Por otro lado, en el frente local, la elevada inflación seguirá mermando la capacidad adquisitiva de la población, el incremento de tasas de interés (necesaria para contener la inflación) moderará la expansión del crédito y el efecto estadístico positivo de “rebote” del consumo generado por el control de la pandemia, que se dio durante la primera mitad del año, se irá disipando los próximos meses.

Sin embargo, la causa principal que explica por qué la economía peruana ha venido creciendo menos de lo que podría durante el último año y por qué se estancará en un crecimiento mediocre en los siguientes meses es el efecto negativo de las acciones del gobierno sobre la economía, a través de tres canales: el deterioro de la administración pública, la incertidumbre generalizada y la implementación de malas medidas económicas, inefectivas o contrarias a cualquier intento de promover la creación de empleo formal.

¿Ejemplos? La caída de la inversión pública a cargo de los ministerios, el hecho de que solo 8% de grandes empresas planea acelerar inversiones los próximos meses y las múltiples medidas laborales aprobadas por decreto, sin diálogo social y sin sustento técnico, que buscan el respaldo político de los menos de 200 mil trabajadores sindicalizados, pero que alejan de un empleo formal a los más de 12 millones de trabajadores informales desprotegidos que hay en el país.

En este contexto, cualquier política reactivadora del MEF, para ser efectiva, tiene que necesariamente atacar las causas mencionadas y que están bajo el control del gobierno. Para empezar, se debe priorizar el destrabe de la inversión en infraestructura, clave para el crecimiento de corto y largo plazo, para la cual ya tiene presupuesto y que genera pocas presiones inflacionarias. Hoy en día se estima que hay alrededor de S/30 mil millones en obras de inversión pública paralizadas. Esto requiere una mejora significativa en la gestión pública.

Sin embargo, cualquier intento de reactivar la economía con gasto público o intervenciones puntuales será insuficiente o inadecuado en la coyuntura actual.

La inversión pública ejecutada por los ministerios representa menos del 2% del PBI, el presupuesto del nuevo bono para las familias equivale a 1% de la masa salarial anual generada por el sector privado y la (mala) idea anunciada de un Reactiva III, por S/2 mil millones, equivale a 0,5% del crédito total del sector privado.

Pero no solo eso. Una política fiscal expansiva basada en gasto corriente, en un contexto de alta inflación y alta desconfianza empresarial, a lo único que conducirá es a generar mayores presiones inflacionarias, contaminando las expectativas de inflación, y obligará al Banco Central a aumentar la tasa de interés más de lo previsto.

Por ello, para reactivar el crecimiento económico, de manera sólida y sostenible, es indispensable mover el motor privado, generando confianza para dinamizar la inversión y la contratación formal. Y en ese punto es particularmente importante que el gobierno deje de cambiar de manera autoritaria normas laborales tan importantes como las que regulan la tercerización y las negociaciones colectivas en el país. Además, se necesita dejar de usarlas políticamente. Pero esto requiere un cambio en la orientación del gobierno que ahora es imposible de visualizar.

José Carlos Saavedra, Socio y economista principal de Apoyo Consultoría.

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