El pasado 25 de marzo, el abogado Elio Riera, en representación del investigado Andrés Hurtado Grados, presentó ante la Corte Suprema una solicitud formal para que se declare improcedente la acción penal que enfrenta su patrocinado por el presunto delito de tráfico de influencias.
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La estrategia legal (conocida como excepción de improcedencia de acción) plantea que, aun si se aceptaran como ciertos los hechos imputados a Hurtado, estos no constituirían delito bajo la legislación penal peruana. Con ello, la defensa busca cerrar el caso antes de que avance a juicio y lograr su libertad de forma inmediata.
“El hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente”, sostiene el documento al que accedió este medio, sustentado en el principio de legalidad. Junto con este pedido, Riera ha solicitado el sobreseimiento definitivo del proceso y la eliminación de cualquier antecedente penal o judicial generado por esta investigación.
En respuesta, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado a una audiencia virtual, que se realizará el martes 22 de abril a las 3:00 p.m., a través de la plataforma Google Meet, donde se debatirán los fundamentos legales del recurso presentado por la defensa.
Checkley es el magistrado a cargo del caso que investiga el fiscal supremo Alcides Chinchay, quien acusa a Hurtado de ser el intermediario en el presunto pago de una coima de un millón de dólares a favor de la fiscal detenida Elizabeth Peralta.
En diálogo con Perú21, Elio Riera confirmó que participará en la audiencia junto a Hurtado y señaló que también está pendiente la programación de otra audiencia clave: la de cese de prisión preventiva, medida que pesa sobre el exconductor de televisión desde el 2 de octubre de 2024.
Anteriormente, Riera presentó una solicitud para cambiar la prisión preventiva por una medida menos gravosa, la cual fue rechazada. También interpuso un habeas corpus con el mismo fin, aunque este proceso constitucional podría demorar meses si llega al Tribunal Constitucional.
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El exconductor de televisión enfrenta, además, nuevas acusaciones. Su exabogado, Russell Robles, declaró ante el Ministerio Público que Hurtado le entregó US$20,000 y S/12,500 para presuntamente sobornar al juez Checkley y lograr su excarcelación antes de la Navidad de 2024. Robles aseguró que engañó a Hurtado, ya que nunca tuvo contacto real con el magistrado.
A la investigación por tráfico de influencias se suma ahora una indagación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha solicitado levantar el secreto bancario del exanimador tras detectar movimientos inusuales en empresas vinculadas a él. Esta línea de investigación se enmarca en el delito de lavado de activos y podría ampliar aún más el proceso judicial en su contra.
Aunque Hurtado intenta por todos los medios recobrar su libertad, todo indica que su situación judicial se complica conforme avanza la investigación. El 22 de abril será una fecha clave para saber si la Corte Suprema acoge la solicitud de improcedencia o si el caso continúa.
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