Las barras bravas y Pérez Guadalupe, por Pedro Ortiz Bisso

El grupete de indeseables que, hace dos semanas, irrumpió en el estadio de Matute, ingresó a los vestuarios y golpeó a tres jugadores de Alianza Lima seguramente estuvo la tarde de ayer en Huacho. El club blanquiazul tuvo que jugar en esa ciudad un partido por el torneo local a raíz de la suspensión de su estadio por este hecho.

Así, es posible que los mismos que golpearon y amenazaron a Miguel Araujo, Christian Cueva y Víctor Cedrón hayan estado en la tribuna hinchando por los dos primeros, que fueron de la partida. No había quien se los impidiese. Esto, a pesar de que, según indican testigos, el día de la agresión uno de los atacantes entró al camarín portando un arma de fuego. 

La decisión de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), efectista por donde se la mire, generó un contrasentido: Alianza tuvo que jugar en una cancha mucho más pequeña e insegura que la suya, con el riesgo de que los mismos que los atacaron la primera vez arremetieran nuevamente en su contra, y ahora con muchas más facilidades.

La inseguridad ciudadana no solo tiene que ver con el robo menudo, el ‘raqueteo’, los sicarios, los asesinatos por encargo o los secuestros ‘express’. La violencia de las barras bravas suele ser mirada por encima del hombro por las autoridades y solo origina alguna reacción tras un hecho de impacto mediático, como el ataque a los jugadores blanquiazules o la muerte de Walter Oyarce, ocurrida hace casi cuatro años. 

El espantoso fin del hincha aliancista tras ser arrojado desde un palco del estadio Monumental originó la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos (30037), modificada luego por la 30271. 

La norma establece una serie de responsabilidades y sanciones tanto para organizadores de espectáculos como barristas, como el empadronamiento de estos últimos y la venta de boletos con DNI. Tampoco le faltan vacíos. Por ejemplo, los clubes solo son responsables solidarios de los daños que ocurran a cinco cuadras alrededor del recinto. Es decir, si hubiese saqueos o agresiones a cinco cuadras y un centímetro de un estadio, no tendrían mayor obligación. 
  
También crea la dirección de seguridad deportiva, dependencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), cuya cabeza sigue brillando por su ausencia. 

Pero la dación de una norma no es expresión de interés. En momentos que ocurrían los hechos en el estadio aliancista, el entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, firmaba “un acta de compromiso por la seguridad” con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y el jefe del IPD. Pese a que las amenazas contra el club íntimo se habían multiplicado por las redes sociales, ni la policía ni el ministro tuitero tomaron alguna previsión.

A diferencia de su antecesor, el nuevo ministro José Pérez Guadalupe tiene sólidos conocimientos sobre criminalística y, al parecer, una visión clara y estratégica de la seguridad ciudadana. Por el bien de quienes tienen la desgracia de vivir cerca de un estadio o no van más a uno por temor a ser robados o asesinados, ojalá no olvide este problema. Sería un golazo.