La batalla por el Callao, por Pedro Ortiz Bisso

Conocido por años como la Plaza Monumental de Chacra Ríos, ya que en un principio albergó corridas de toros, el Coliseo Amauta fue sede del concurso Miss Universo en 1982. Cuentan que antes del certamen, visto por 500 millones de espectadores, los organizadores decidieron darle una manito de pintura a las precarias viviendas de una barriada vecina, a fin de que misses e invitados internacionales no se llevaran mala impresión al ir al recinto.

Algo similar ocurrió en Atlanta, en 1996, cuando la ciudad organizó los Juegos Olímpicos, y sus autoridades decidieron ‘desaparecer’ a los ‘homeless’ que solían recorrer el centro de la ciudad. El año pasado, a raíz del Mundial de Fútbol de Brasil, las favelas más peligrosas fueron ocupadas por militares para resguardar la seguridad de visitantes mientras durase la competencia.

Las soluciones cosméticas no son patrimonio del Perú. Son populares porque dejan la impresión de que existe interés por atacar un problema, aunque en los hechos sean lo mismo que echar la tierrita bajo la alfombra; el beneficiado resulta ser la autoridad en apuros, que consigue oxígeno para capear el temporal.

¿En el Callao está ocurriendo algo parecido? En los casi 15 días del estado de emergencia, se ha instalado cierta sensación de tranquilidad. Y la policía no se ha cansado de exhibir sus logros. El martes informó que había desarticulado 33 bandas criminales, detenido a 394 personas y decomisado 292 kilos de clorhidrato de cocaína y 11.464 envoltorios de PBC.

Para una región que ocupa el tercer lugar en homicidios del país y que hasta el pasado 9 de diciembre había sido escenario de 39 asesinatos por sicariato, son números que pueden resultar hipnóticos para un importante sector de la población.

El régimen de excepción concluye el 17 de enero. ¿Qué pasará el día después? Quizá extender el plazo sea un recurso necesario, pero también facilista. La acción policial debe ser parte de una estrategia mayor que implique trabajo de inteligencia y el concurso de los gobiernos locales, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros. En cristiano, hace falta una acción integral que permita no solo atacar la delincuencia menuda, sino a las mafias que manejan el tráfico de drogas y los sindicatos de construcción civil, que corrompen autoridades u ordenan asesinatos.

El crimen de Wilbur Castillo, los detalles de la escandalosa liberación de ‘Caracol’ por “buena conducta” revelados por este Diario y las denuncias contra autoridades regionales y municipales obligan a un trabajo que vaya más allá de ofrecer tablets a cambio de pistolas.

Días atrás, Cecilia Valenzuela alertó desde su columna que el Ministerio del Interior carecía de un plan para enfrentar a la delincuencia en el primer puerto. Exigir desarticular una mafia en 15 días es absurdo, pero enfrentarla sin estrategia definida, aplicando fuegos de artificio para recoger el aplauso fácil hasta que pase el tiempo y sea el próximo gobierno el que tome el testimonio no solo resultaría suicida, sino traicionero.