El hacinamiento en los penales del país continúa siendo una de las principales alertas del sistema penitenciario. Según el informe más reciente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), correspondiente a marzo de 2025, las cárceles del país albergan a 59,538 personas más de las que su infraestructura puede soportar.
La población penitenciaria total alcanza los 199,886 internos, distribuidos entre 69 establecimientos penitenciarios. De ese total, 101,302 personas se encuentran bajo detención efectiva, ya sea por mandato de prisión preventiva o por estar cumpliendo una sentencia con pena privativa de libertad.
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En tanto, 98,584 personas permanecen bajo regímenes de medio libre, entre ellas, sentenciados a penas limitativas de derechos, personas con medidas alternativas al internamiento o beneficiarios de semilibertad, liberación condicional o remisión condicional de la pena.
La capacidad real del sistema ha sido sobrepasada ampliamente, registrándose una ocupación del 143%, lo que indica que las cárceles operan muy por encima de sus límites físicos y operativos. Esta situación agrava las condiciones de habitabilidad y dificulta los procesos de reinserción social.
Del total de personas privadas de libertad en establecimientos cerrados, 38,080 aún están en calidad de procesadas y 63,222 ya han sido sentenciadas.
En tanto, dentro del régimen de medio libre, se contabilizan 90,268 personas sentenciadas a penas limitativas de derechos, 4,838 liberadas por semilibertad, liberación condicional o remisión condicional de la pena, y 3,478 con sentencias que aplican medidas alternativas al internamiento.
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