Miguel Neyra

La Comisión de Transportes  y Comunicaciones del Congreso recibió ayer a representantes de los consorcios EcoExpress Javier Prado y TGA para tratar el tema de la anulación de sus contratos de concesión en los corredores viales Javier Prado- La Marina-Faucett y .

Estos fueron anulados a mediados de abril por la Municipalidad de Lima, y la salida de circulación de sus buses causó molestias en los usuarios.

A la cita también fueron representantes de la comuna capitalina y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Emilio Cillóniz, director de EcoExpress, solicitó a los parlamentarios que investiguen la gestión del alcalde Luis Castañeda para determinar “quién se privilegia de esta situación”.

El mismo pedido lo formuló Uldarico Martínez, presidente de TGA.

Cillóniz acusó que la comuna ha caído en contradicciones en torno a la anulación de los contratos. Dijo que hace seis meses la institución indicó que el MEF actuaba de manera ilegal al aplicar de forma retroactiva la ley de asociaciones público-privadas. “Sin embargo, ahora respaldan dicha normativa”, cuestionó.

Agregó que la comuna no les informó de las observaciones que tenían que subsanar en los contratos. “Parece que nos han querido dejar fuera”, afirmó.

La teniente alcaldesa de Lima, Patricia Juárez, quien acudió a la cita ya que Castañeda está en China con licencia, afirmó que la comuna solo buscó la formalización de los contratos a través del MEF. “Nosotros nos sometemos a cualquier investigación”, indicó.
EcoExpress inició un arbitraje contra la comuna por la anulación de su contrato. De perder Lima, le pagaría unos US$60 mlls.

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