¿Por qué es tan difícil luchar contra los extorsionadores?
¿Por qué es tan difícil luchar contra los extorsionadores?
Redacción EC

GUSTAVO KANASHIRO FONKEN ()

Nilson Odón Mollera Chupayo fue detenido en Chilca el 3 de enero. En su mochila tenía una metralleta Uzi en perfecto estado y la policía sabía que el arma iba a ser utilizada para extorsionar a personas del bando rival en un conflicto por cupos de construcción civil. Sin embargo, fue acusado por tenencia ilegal de armas de guerra. La fiscalía no pudo probar su vinculación con el delito de extorsión, que implica penas mayores.

Este es solo uno de los tantos casos en los cuales la justicia se ha visto obstaculizada por leyes. La extorsión es uno de los delitos más complejos y casi siempre está vinculada a bandas organizadas. A pesar de esto, las autoridades trabajan contra el tiempo en zonas peligrosas como Cañete porque es uno de los 23 distritos judiciales donde funciona el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

Esta norma, implementada desde el 2006 de forma gradual, señala que el plazo de la investigación preparatoria es de 60 días a menos que se demuestre que es un caso complejo. Las extorsiones pocas veces se pueden sustentar en ese plazo de tiempo, menos aún su vinculación con bandas organizadas.

El código procesal penal funciona bajo el supuesto de que las unidades de inteligencia de la Policía y el Ministerio Público cuentan con tecnología suficiente para acusar a un extorsionador en cuestión de semanas. Acorta plazos, eleva presupuestos y exige requisitos que impiden que se haga una buena investigación. Sin el sustento adecuado, el caso no puede ser judicializado y si llega al Poder Judicial, lo hace sin las diligencias suficientes para llegar a una condena efectiva.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA EXTORSIÓN?

El delito de extorsión está claramente tipificado en el Código Penal. Sin embargo, los hampones han encontrado, con el paso de los años, diversas maneras de evadir la investigación fiscal, ayudados de manera indirecta por los cortos plazos de las investigaciones.

Cuando la policía los rastrea y les detecta pistolas, los delincuentes presentan un certificado para portar armas. Cuando la amenaza llega vía telefónica, se requiere del levantamiento del secreto de comunicaciones que se logra con semanas de trabajo. Cuando se ubica la procedencia de la llamada, se detecta que fue hecha desde un penal con 50 mil reos. Cuando se rastrea la ruta del dinero, se encuentra que la plata fue depositada en cuentas a nombre de alguien sin antecedentes, que solo cobró una mínima suma de lo robado. Todos son caminos sin salida, obstáculos para que las autoridades lleguen a la red de hampones.

“El NCPP es demasiado garantista. Se ha sacrificado bastante el valor de la justicia por las garantías del procesado. Ambos son importantes, pero hay una desproporción que recorta el alcance de las fuerzas del orden. Está pensada para delitos comunes, no para crimen organizado”, dijo a El Comercio Marcial Páucar, de la Segunda Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos.

EXTORSIONES EN AUMENTO

Basta revisar las zonas del Perú donde hay más incidencia de amenazas y asesinatos por cobro de cupos para detectar el aumento de las extorsiones. La policía tiene actualmente a Cañete como principal foco de violencia por cupos de construcción civil. En Huaura ya se han registrado asesinatos por este delito. La Libertad, Lambayeque y Piura han sido cunas de bandas como La Gran Familia y El Nuevo Clan del Norte. En todos estos lugares funciona el NCPP desde hace años.

"La extorsión se ha expandido a nivel nacional, incluyendo Lima, porque ha encontrado también otros rubros, como lo es el robo de vehículos, una de las modalidades más importantes en los últimos meses. Al día se registran entre 800 y mil robos de vehículos en el Perú, y cada vez más son usados para extorsionar", detalló el fiscal Páucar.

En el Callao, Lima y todos sus conos funciona el código de procedimientos penales en la cual no se establecen plazos fijos. Sin embargo, es una norma que data de 1940 en la cual no se tipifican herramientas vitales para luchar contra los extorsionadores como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario, el agente encubierto o la remesa controlada, entre otros.

"En Lima no sufrimos tanto, pero donde está vigente el NCPP sí hay bastantes cuestionamientos e incertidumbre. Tiene que darse voluntad política a nivel multisectorial para revertir esta situación", añadió el fiscal.