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ELIZABETH SALAZAR @ElizabSalazar
Cinco ex funcionarios de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa), que administra el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, y el actual gerente municipal de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez, fueron denunciados penalmente por la fiscalía anticorrupción por permitir que Relima S.A. preste el servicio de limpieza en el centro de abastos sin que haya un contrato que fijara los costos y condiciones.
Hace un año, El Comercio denunció que, producto de esta omisión, Relima busca cobrarle al municipio S/.3,7 millones por el trabajo que efectuó entre setiembre del 2012 hasta abril del 2013, monto que el Ministerio Público analiza si fue sobrevalorado. Hoy, el pago se debate en un tribunal arbitral de la PUCP.
El titular de la Primera Fiscalía Corporativa Anticorrupción, José Domingo Pérez, también decidió formalizar acusación contra el entonces gerente general de Relima S.A., Marcelo Cicconi, a quien, junto a los ex gerentes de Emmsa se les procesará por colusión en agravio del Estado.
Según el documento, el ex gerente general de Emmsa Juan Arenas Lizana concertó ilegalmente con Cicconi para que su empresa prestara el servicio de limpieza de manera informal, acto que fue apoyado por el jefe de Logística, Luis Gonzales Cava; el gerente de Administración y Finanzas, Jorge Alfaro Martijena, y el gerente de Operaciones, César Pomar Vega. Todos ellos serán procesados por el delito de colusión en agravio del Estado.
Asimismo, el entonces presidente del directorio de Emmsa, Ricardo Giesecke, no cumplió con supervisar la labor de Arenas, por lo que se lo acusa de omisión de funciones.
La denuncia alcanza a José Miguel Castro, gerente general de la Municipalidad de Lima y presidente del directorio de la Caja Metropolitana. Según el documento, él es sindicado de hacer lobby en Emmsa “para que la empresa Relima Ambiental S.A. preste el servicio de limpieza en el Mercado Santa Anita”, por lo que se lo procesará por el delito de aprovechamiento del cargo y patrocinio ilegal de intereses particulares.
La Municipalidad de Lima, a través de la comisión especial de procesos administrativos y disciplinarios de Emmsa, había encontrado responsabilidad en los cuatro ex gerentes, pero no incluyó a Giesecke ni a Castro. Tratamos de hablar con Castro pero no contestó. Relima también optó por el silencio.
La acusación se basa en las confesiones de Juan Arenas y Ricardo Giesecke, quienes aseguran que obviaron el contrato porque recibieron la orden verbal de Castro para que sea Relima la que ingresara a Santa Anita.
El abogado de ambos, Carlos Rivera, intentó usar este argumento para exonerarlos de culpa, pues Castro es el brazo derecho de la alcaldesa Susana Villarán y la máxima autoridad administrativa en el municipio.
Pero el fiscal consideró que ellos pudieron negarse, pues Castro no era funcionario de Emmsa y esta empresa tiene autonomía administrativa. Por eso insistió en acusarlos.
“He pedido un plazo adicional para investigar porque el caso ha sido calificado de complejo y estamos evaluando la detención preventiva de los involucrados. La procuraduría también ha sido notificada”, explicó el fiscal Pérez.
