El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, dijo que el valor de los peajes administrados por Lamsac debería ser menor a los S/5.20 que el Poder Judicial ha establecido que se cobre, estableciendo una reducción de 50 céntimos por considerar que esta cifra era el resultado de un “reajuste ilegal”.
“A nuestro juicio, el monto (de los peajes de Lamsac) debe ser menor, pero eso ya estaría en el ámbito del Ministerio Público que está trabajando las colaboraciones eficaces”, señaló en declaraciones a RPP.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este lunes que el Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para dejar sin efecto el “reajuste ilegal” de la tarifa del peaje del proyecto Línea Amarilla, administrado por Lamsac. Como consecuencia de esta decisión judicial, se reducirá la tarifa del peaje en 50 céntimos en todas las garitas que comprenden a dicha concesión, de S/5.70 a S/5.20.
“Esta reducción de 50 céntimos se da en el marco del proceso penal seguido contra el exgerente de inversión privada Domingo Arzubialde, condenado a una pena privativa de la libertad efectiva por más de 4 años por negociación incompatible, al haber favorecido indebidamente a Lamsac con el ajuste indebido del peaje, aplicando más los parámetros establecidos en el trato de la concesión”, precisó Ramírez.
El procurador reiteró que la fiscalía que tiene a su cargo investigaciones vinculadas al caso Lava Jato tiene todavía procesos pendientes que podrían involucrar nuevos reajustes en los peajes, pero evitó dar detalles por la reserva de los procesos.
“Es el ámbito de este proceso (no se pudo reducir más de 50 céntimos) pero hay otras investigaciones y procesos sobre los que, por reserva, no me puedo pronunciar. Pero el Ministerio Público estaría facultado de tomar este tipo de medidas”, aseguró.
Jorge Ramírez concluyó manifestado que esta decisión que permitió la reducción de los precios de los peajes de Línea Amarilla está en el ámbito penal, completamente ajena al arbitraje que ha planteado la Municipalidad de Lima contra Lamsac a nivel internacional.
“Tenemos que diferenciar el ámbito penal del ámbito civil seguido en cuestiones de arbitrajes internacionales donde se habla sobre la ejecución del contrato. Esta es una medida que corresponde al ajuste nacional en el ámbito estrictamente penal. Si una persona cometió un delito, sus efectos tienen que cesar y el señor Arzubialde cometió un delito”, concluyó.