El by pass de 28 de Julio ha presentado una serie de fallas. (Foto: Archivo El Comercio)
El by pass de 28 de Julio ha presentado una serie de fallas. (Foto: Archivo El Comercio)
Angus Laurie

Las historias sobre las obras viales en Lima parecen una tragicomedia. Entre la cadena sin fin de noticias dramáticas figuran obras de Odebrecht y OAS que incluyen el intercambio vial El Derby, el paso a desnivel en la avenida 28 de Julio y la ampliación de la autopista Ramiro Prialé. La decisión drástica de tumbar el muro perimetral del Jockey Club sin notificar a los dueños por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) también fue notable. Y ahora estamos viendo el espectáculo con los diálogos entre la Municipalidad de Lima y la de San Isidro sobre la ampliación de la Av. Aramburú.

Según El Comercio, en febrero, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima “ordenó a la Municipalidad de Lima suspender la ejecución de obras”. Hace dos días, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aseguró públicamente que la ampliación de Aramburú se hará de todas maneras. Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente asegura que las obras no cuentan con la “certificación ambiental requerida para llevar adelante estos trabajos”.

Mientras más uno excava, la historia es más surrealista. El proyecto para ampliar la avenida Aramburú no aparece dentro del Plan Maestro de Transporte Urbano vigente, aprobado en el 2005.

Asombrosamente, la propuesta fue una iniciativa del mismo distrito de San Isidro. Su primera aparición se hizo dentro del Programa de Vialidad y Tránsito del Plan de Desarrollo Urbano Distrital de San Isidro del 2012, cuando el alcalde era Raúl Cantella Salaverry.Según este plan, el proyecto debería ser desarrollado en coordinación con la Municipalidad de Surquillo para elaborar los estudios, para su posterior aprobación por parte de la MML. Dos años después, el perfil fue aprobado por la comuna de Lima durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán, mediante el oficio 599-2014-MML, el 10 de noviembre del 2014. Hoy en día tenemos una municipalidad metropolitana que defiende un proyecto que no aparece en su propio plan maestro de transporte y un distrito que se opone a su propio proyecto.

Pero el fondo de la controversia está en el plan de desarrollo urbano (PDU) de San Isidro del 2012. Este es un documento notablemente anticuado, reminiscencia de los planes más ambiciosos de Robert Moses para Nueva York en los años 30. El PDU proponía la ampliación de nuevos carriles en no menos que 10 avenidas, la creación de siete pasos a desnivel, la construcción de cuatro viaductos elevados y el desarrollo de miles de estacionamientos para albergar los nuevos automóviles que llegarían en las nuevas vías.

Si este plan se hubiera realizado, el distrito sería irreconocible, estaría completamente sometido a los automóviles y sería imposible recorrerlo a pie.

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