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“No podemos decir que, por un hecho que ha acontecido ahora, no existen más resultados”. Visiblemente molesto, incómodo con las preguntas de la prensa, tras un recuento de sus logros que incluyen “más de mil detenidos” en un fin de semana y antes de retirarse dejando varias interrogantes al aire, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, reaccionó así tras conocer el asesinato de un profesor dentro de un colegio de Ate, el último lunes. Lo que no menciona es que lejos de ser 1 son más de 20 “hechos”. En 19 días desde que decretó estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao han sido asesinadas 23 personas en atentados vinculados a sicariato y extorsión.
El primer crimen durante este régimen de excepción sucedió en San Isidro. El último –hasta el cierre de esta nota– en Bellavista, frente a la municipalidad distrital. Aunque se investigan los pormenores de ambos casos, comparten un mismo modus operandi: sicarios en moto acribillan a un hombre dentro de su vehículo. No importa la hora o si hay personas alrededor.
Diez de estos asesinatos sucedieron precisamente en distritos con la medida excepcional vigente: dos atentados en Cercado de Lima que dejaron en total tres muertos, uno Comas, uno en Puente Piedra, uno en Villa El Salvador, otro en San Martín de Porres, dos más en San Juan de Lurigancho y Los Olivos, y uno en el colegio Julio C. Tello de Ate, donde un hombre que se hizo pasar por tramitador del Poder Judicial acribilló al docente Julio Pacheco Pimentel frente a varios escolares.
La noche del 7 de octubre, una balacera perpetrada por un presunto sicario dentro de una combi dejó cuatro personas fallecidas, entre ellos el conductor y pasajeros.
A esto hay que sumarle seis atentados por sicarios que causaron la muerte de 9 personas en el Callao y Bellavista, el crimen de San Isidro, el asesinato un administrador en San Miguel, el de un comerciante en Santa Anita y el de un mototaxista en Chorrillos, todos distritos que no entraron en el estado de emergencia decretado el 27 de setiembre por el gobierno de Dina Boluarte.
Y si añadimos los ataques que no dejaron muertos, pero sí heridos o se utilizaron explosivos, la cifra es aún más grande: balaceras contra buses con pasajeros en Comas y Villa El Salvador, granadas en un paradero de Independencia, contra una pollería de San Borja, otra contra un local comunal del Rímac donde se celebraba un cumpleaños y varios disparos contra un hombre que manejaba su auto en San Juan de Lurigancho.
Ayer, el presidente del Concejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, adelantó que la respuesta del Ejecutivo a esta situación sería que la seguridad y el orden interno en los distritos declarados en emergencia pase a manos de las Fuerzas Armadas, así como una eventual ampliación del listado de jurisdicciones con el régimen excepcional.
Sin embargo, expertos consultados por este Diario coinciden en que las declaratorias de este tipo, y esta en particular la última medida, han fracasado.
“Desde el principio se dijo que declarar en emergencia distritos sin un plan integral no iba a funcionar. Por el contrario, pareciera que existe una disputa de poder entre el Estado y las organizaciones criminales”, dijo Cecilia Caparachín Puente, investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad.
Para la especialista, las disputas entre autoridades tampoco ayuda a encontrar una solución eficaz a este problema social. El último viernes, el Pleno extraordinario del Congreso para tratar proyectos de ley sobre seguridad ciudadana no tuvo consensos en las diez horas que duró la sesión. De hecho, entre parlamentarios se acusaron de promover la impunidad para delincuentes con la cuestionada Ley 32108 sobre crimen organizado. “No hay fortaleza en ninguno de nuestros poderes del Estado y con más razón se genera una sensación de ingobernabilidad que favorece el avance de organizaciones criminales”, añadió Caparachín.
Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter y director ejecutivo de CHS Alternativo, considera que el principal problema con el estado de emergencia es que las restricciones que implica la medida no funciona para obtener información sobre quiénes son y dónde están los extorsionadores y sicarios. “El levantamiento de derechos fundamentales, con las restricciones de seguridad, tránsito e inviolabilidad de domicilio no está orientado a saber cómo están operando los sicarios. El estado de emergencia no ha sido una respuesta técnica y profesional al problema de la delincuencia y sicariato. El gobierno ha reaccionado con una medida política para calmar el malestar de los transportistas”, dijo.
En diálogo con El Comercio, Valdés explicó que sí tendría un impacto directo en la lucha contra el crimen organizado dotar de mayor capacidad operativa y logística a la Policía Nacional, encargada de las labores de inteligencia. Asimismo, trabajar con el sector de telefonía y de finanzas para encontrar a los delincuentes detrás de los teléfonos y cuentas bancarias desde donde se realiza el cobro de cupos. “La extorsión como delito especifico hacia los micro emprendedores, empresarios e informales tiene básicamente dos características centrales: se produce a través de contacto telefónico y se hace el pago a través de billeteras electrónicas. Es importante el concurso de sector privado para encontrar las medidas legales y operativas que ayuden al acopio de información para la ubicación de los extorsiones”, indicó.
Otra estrategia a corto plazo, agregó Caparachín, es la articulación y fortalecimiento de organizaciones de la comunidad como las juntas vecinales o comités de autodefensa. “Cuando he conversado con las juntas vecinales, las personas ven que su trabajo voluntario no es reconocido. Se necesita reforzarlas con recursos y legitimidad porque estas entidades de bases crean una cohesión que desanima a la actividad delictiva”, dijo.
