Hace unos días un sujeto acusado de intentar violar a una médica en un hospital de Pucallpa fue liberado por disposición de un juez. Ayer, un hombre roció a su esposa e intentó prenderle fuego en La Victoria y pese a que fue detenido en flagrancia también salió libre de la comisaría.
Estos recientes casos ponen nuevamente en discusión la labor que realizan los operadores de justicia para enfrentar la violencia a la mujer en un país donde solo en el 2019 se registraron 163 feminicidios, según cifras del Ministerio de la Mujer.
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Para Eliana Revollar, defensora adjunta para los Derechos de la Mujer, las autoridades involucradas en erradicar esta problemática necesitan, además de recursos, mayor compromiso y capacitación. En la siguiente entrevista la representante de la Defensoría del Pueblo analiza el papel de los operadores de justicia.
–¿Cuáles considera que son las fallas en el sistema de justicia? -
En julio del 2018 se creó un sistema especializado para la investigación y sanción de temas de violencia contra mujeres y el grupo familiar. En actuación del marco legal vigente es que el sistema, en el que se encuentran la policía, fiscalía y jueces, con apoyo de los ministerios de la Mujer y de Justicia, debe actuar de manera célere, pero en la práctica vemos que no hay una respuesta prolija.
Los casos de violencia a la mujer deben ser investigados de oficio y no se necesita que el fiscal esté al lado del policía para que el proceso continúe.
Aparentemente no se conoce o no se quiere aplicar las normas como corresponde y esto contribuye a la sensación de impunidad, por lo que muchas mujeres temen denunciar.
–¿En los casos de Pucallpa y Lima se conoce quienes fueron los responsables de liberar a los agresores? -
En Pucallpa la responsabilidad está en el juez, que pese a las evidencias ordenó la libertad. En este caso estamos investigando cómo y por qué se dio esa orden.
En el caso de Lima hay inconsistencia por parte de la policía y la fiscalía. En la Defensoría tenemos la información de que la fiscal Luz Marina Palacios no fue quien dio la orden. Aparentemente la Policía Nacional emitió un comunicado oficial con información tendenciosa.
Más allá de buscar a responsables, que es necesario para no repetir estas situaciones, lo más importante es ir al fondo: atender correctamente estos casos para evitar desenlaces fatales.
En los casos de violencia a la mujer debe haber absoluta diligencia. Todo el Estado debe estar comprometido.
–¿Corresponden sanciones a las autoridades que incumplen en sus funciones? -
Las autoridades que cometen errores en el procedimiento pueden ser denunciadas por incumplimiento de funciones. Además de los procedimientos administrativos, está la vía penal.
La Ley 30364, sobre delitos de función, establece la responsabilidad que tienen los operadores de justicias por actos omisivos o negligentes.
No se trata de que todos los policías, fiscales o jueces sean procesados sino de que estos casos no se repitan.
- ¿Qué mejoras considera que se deberían implementar para evitar más situaciones que dejan la sensación de impunidad? -
Necesitamos mayor compromiso de los operadores de justicia. Si bien se requiere mayor presupuesto en estas instituciones, el verdadero cambio inicia con autoridades capacitadas e interesadas en hacer bien su trabajo. Deben mano firme y actuar de manera oportuna. La prioridad deben ser las mujeres y los integrantes del grupo familiar
La voluntad política esta desde el presidente de la República, hay un plan de acción conjunto, pero hay temas que todavía se tienen que corregir.
Se necesita que las instituciones se cohesionen y actúen mejor para no dar respuestas individuales. Debe haber un sistema de interconexión entre comisarías y las otras instituciones. Además las notificaciones para las medidas de protección deben ser en tiempo real.
- Pese a los intentos del Estado por enfrentar esta problemática muchas mujeres temen denunciar, ¿qué mensaje puede darle a ellas desde la Defensoría del Pueblo? -
Por favor denuncien. Si no hay una respuesta inmediata o tienen dudas acudan a la Defensoría del Pueblo, estamos donde el Estado no funciona correctamente para canalizar la ayuda que necesitan. Es necesario que denuncien para acabar con el círculo de violencia y la reducción del agresor.
A las mujeres que temen denunciar decirles que su agresor será procesado porque los delitos se sancionan. Es nuestro deber ayudarlas a entender la valía de sus vidas.