La Jauría del Sur: mafia en Punta Negra amasó S/400 millones por predios usurpados

Más de ochenta hectáreas de terrenos usurpados y una fortuna estimada en S/400 millones fueron el patrimonio que tuvo, hasta el último martes, La Jauría del Sur, una red criminal presuntamente encabezada por el alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia.

Además de las ganancias derivadas del tráfico de tierras, la mafia engrosaba sus arcas mediante contrataciones de trabajadores y servicios fantasmas, compras sobrevaloradas y a través de la apropiación constante de gasolina destinada a vehículos edilicios.

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La Municipalidad de Punta Negra era una especie de centro de operaciones para La Jauría del Sur. Un grupo de funcionarios bajo el mando de Delgado se encargaba de canalizar los delitos. La organización también se valía de un aparato legal que daba aparente formalidad a las invasiones; y de dos oficiales de la policía que, al parecer, brindaban protección y obstaculizaban las investigaciones.

La madrugada de ayer, personal de la Dirección contra la Corrupción de la PNP y del Ministerio Público allanó 25 inmuebles en seis distritos de Lima para capturar a 11 miembros de la red criminal. Entre ellos a Delgado, en cuya oficina se hallaron US$40 mil, S/20 mil y planillones electorales.

También fueron detenidos los funcionarios de la comuna de Punta Negra Ricardo Pérez (gerente de Administración Financiera) y Jennifer Leandro (subgerenta de Recaudación y Fiscalización Tributaria). Además, Leia Rojas (exgerenta de Fiscalización y Control Tributario) y Filiberto Campos Huamán (exgerente de Desarrollo Económico en Punta Negra y actual subgerente de Fiscalización en La Victoria).

Ante la captura de Campos, el municipio victoriano dispuso su separación inmediata del cargo que tenía. En un comunicado, La Victoria precisó que, en el momento de ingresar a laborar como subgerente de Fiscalización, él acreditó no tener antecedentes judiciales, policiales ni penales.

Otros arrestados fueron el exjuez de paz Francisco Ampuero, el excomisario de Punta Negra mayor PNP Raúl Portella, y exjefe de la División Territorial Lima Sur coronel PNP Fernando Súcuple. En el registro de los inmuebles, la policía también halló documentación relacionada con las investigaciones contra la mafia, basada en el testimonio de colaboradores eficaces.

—Siniestra modalidad—

La Jauría del Sur seguía el patrón criminal de todas las mafias dedicadas a la usurpación y venta de tierras en Lima. Es decir, tomaba posesión de un terreno privado o del Estado, constituía falsas asociaciones de vivienda e iniciaba la venta de lotes en las áreas invadidas.

Los funcionarios que cayeron en la megaoperación policial gestionaban y otorgaban los documentos para formalizar las usurpaciones y la compraventa de lotes. Luego, la mafia hostigaba a quienes adquirían los predios, con cobros recurrentes por servicios y seguridad que nunca tenían. Los que no hacían los pagos eran extorsionados y expulsados del terreno. Así, los lotes quedaban listos para una nueva venta y el patrimonio de la red delictiva iba incrementándose.

Por este mismo delito, el exalcalde de Punta Negra Willington Ojeda fue capturado, en octubre del 2018, con 15 integrantes de la banda Los Charlys del Sur.

El fiscal Omar Tello, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informó a El Comercio que hasta ahora han sido detectadas tres falsas asociaciones de vivienda vinculadas con la red. Sin embargo, no descartó que en el curso de las indagaciones puedan ir apareciendo más.

Uno de los casos más graves data de marzo del 2019. En las pesquisas se determinó que, previo acuerdo económico con Delgado, el presunto traficante de tierras Nicolás Medina Vílchez fingió la donación de 50 hectáreas, situadas en el kilómetro 46,7 de la Panamericana Sur, a la comuna de Punta Negra. Medina no era el propietario de ese terreno pero entregó un documento en el que figuraba como dueño y este fue validado por los funcionarios a cargo de Delgado. Así, la red delictiva pudo irrumpir en el área, que es parte del Fundo Cruz Blanca, en la zona denominada Cruz del Hueso.

A través de escuchas telefónicas, la policía constató que Catalino Echevarría Vega, un supuesto testaferro del alcalde que no ha sido capturado, se encargaba de lotizar y vender cada predio. De la misma forma, las autoridades cotejaron que el exjuez de paz Francisco Ampuero Mestanza certificó constancias de posesión del terreno recién invadido como si ya estuviera habitado hace años, lo cual imposibilitaba cualquier acción legal para desalojar a la mafia.

Para que esta parte del delito se concrete, la organización contaba también con Hugo Huapaya Cole y Francisco Huadaña Atalaya, denominados ‘brazos ejecutores’, y con la abogada Lizette Bello Cárdenas. Ellos tres también fueron arrestados durante las incursiones policiales.

Testigos protegidos detallaron en las investigaciones que, también a inicios del 2019, la red criminal realizó compras sobrevaloradas de vehículos y pagaba salarios a 61 trabajadores fantasmas para apropiarse de S/3’500.000 que la comuna de Punta Negra había recabado en amnistías tributarias.

Los colaboradores eficaces refirieron también que la mafia se apropiaba de combustible que era destinado a vehículos de la Municipalidad de Punta Negra. Para ello, Delgado y sus secuaces habrían colocado placas de vehículos en desuso, pertenecientes a la comuna, en tres camiones particulares que eran abastecidos de gasolina en un grifo del distrito. Los vehículos del municipio de Punta Negra, que supuestamente eran cargados con gasolina, estaban deteriorados y guardados en el estadio Joaquín Ormeño.