Proponen que la omisión familiar ya no se castigue con cárcel

Éricka, de Carabayllo, tiene un juicio ganado por la vía civil en el 2009 que obliga a su ex pareja a pagarle S/200 al mes para los gastos de la hija que tuvieron. Hasta hoy no recibe ni un sol. 

Natalia, de Comas, se separó del papá de su pequeña hace diez años y él dejó de pagar el colegio. Una demanda civil lo obliga a darle S/600 desde el 2014, pero tampoco cumple con ello. 

Éricka y Natalia entran y salen casi a diario de fiscalías y juzgados, con documentos bajo el brazo, sin ver una solución a corto plazo, mientras la deuda de sus ex parejas continúa creciendo. 

Ahora, ambas evalúan acudir a la vía penal porque, según ellas, “es el único medio de presión que existe en este país para que paguen”. 

Sin embargo, una reciente iniciativa estatal podría desaparecer las esperanzas que tienen ellas y otros padres y madres que deben hacerse cargo de sus hijos por sí solos: la despenalización de los procesos por omisión familiar. 

La semana pasada, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo a El Comercio que el Gobierno busca, con esta propuesta, reducir la carga procesal al 50%. 

“Una de las primeras cosas que recarga al Poder Judicial son los juicios de alimentos. Hay una propuesta que consiste en no penalizarlos. Lo haríamos vía proyecto de ley. Con eso bajas el 50%”, dijo la ministra. 

—En discusión—

El abogado Diethell Columbus, director del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, afirma que esta propuesta del Ejecutivo podría desatar una crisis social. 

“Hay sobrecarga de procesos por alimentos, pero esta no es la solución. La omisión familiar es un delito porque es la obligación de los padres. Si bien el proceso es un calvario para las madres, el tipo penal es un mecanismo muy efectivo de presión para el que incumple. Son miles las madres afectadas y esto podría generar una crisis social”, opina. 

La ministra defiende el proyecto aduciendo que la pena de cárcel no soluciona el problema. Pérez Tello dice que el Ministerio Público ya tiene una primera propuesta. 

“Una madre empieza un juicio de alimentos cuando su hijo tiene 2 años, recibe una sentencia para que le pasen al niño S/500, resulta que el señor no le pasa. La madre tiene que ir al Poder Judicial (PJ) para penalizar un tema que ya tiene una sentencia civil. Tiene que pelear para que el sinvergüenza le pague. Pasan tres años para que el PJ, si lo detienen, le diga que pague, y cuando crees que se hizo justicia el tipo va preso, pero ya no trabaja y ya ni siquiera le pueden descontar de su sueldo”, dice Pérez Tello.

Rosa Mávila, adjunta en derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, está en desacuerdo con el proyecto de despenalizar el delito de omisión familiar, pero coincide en que la pena de cárcel no es la solución. 

La Defensoría del Pueblo evalúa una iniciativa para que los deudores cumplan una pena de trabajos comunitarios remunerados que les permita pagar las mensualidades.

En el registro de deudores alimentarios del Poder Judicial hay, hasta la fecha, 2.655 personas registradas. Con la información publicada en el portal www.casillas.pj.gob.pe, el juez puede disponer el embargo de los bienes, ya sean propiedades muebles o inmuebles, inclusive de sus propias remuneraciones.