Sector privado podrá invertir en cárceles del país

El Poder Ejecutivo publicó ayer tres nuevos decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana. Además de confirmar la eliminación del régimen laboral policial del 24 x 24 y oficializar la amnistía por 90 días para la entrega de armamento de guerra en sendos decretos, una norma declaró de interés público la promoción de la inversión privada y público-privada en penales.

De esta manera, el Decreto Legislativo 1229 establece que podrá realizarse inversión privada en el sistema penitenciario “para el financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento, operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria”.

La participación de empresas estará regida por los principios de la ley marco de asociaciones público-privadas (APP).

Desde hoy, el sector privado podrá hacerse cargo de la construcción de infraestructura carcelaria, así como de su ampliación y remodelación.

En términos de administración, una empresa podrá encargarse de la alimentación de los internos, mantenimiento de instalaciones, provisión de material logístico y tecnológico. Una figura similar a la de la ‘bata gris’ de la reforma de la salud pública, que permite a privados dar servicios de lavandería, alimentación y logística en centros de salud.

En las cárceles, las empresas ahora también podrán prestar servicios de salud, educación, trabajo y rehabilitación de adicciones. Además, podrán estar a cargo de la seguridad exterior de los penales, así como del control de visitas. Es a través de estos sectores que ingresan a penales drogas y equipos de telecomunicaciones con los que los internos delinquen tras las rejas. El resguardo de la seguridad exterior será fiscalizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y solo admitirá inversión privada en alianza con organismos del Estado.

El nuevo decreto especifica que es el INPE el único facultado para conducir procedimientos disciplinarios e imponer sanciones a los internos. La seguridad al interior de los penales –relativa al control de la convivencia entre internos y a que no se cometan delitos desde los penales– no está referida en la norma. Actualmente, es potestad del INPE.

Control de telefonía
Según la policía, el 90% de extorsiones proviene de las cárceles. Estos delitos son coordinados con equipos telefónicos ingresados ilegalmente a penales. Por ello, la nueva norma especifica que las empresas que tengan antenas cercanas a los penales no podrán emitir señal hacia el interior de estos. Si la modificación del servicio no es posible, las antenas deberán ser retiradas en 60 días hábiles. En junio, una antena de Claro fue detectada en un edificio cercano al penal de Lurigancho, el más hacinado del país.

Lee también...