Los trabajadores del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) cuestionaron la anunciada reorganización planteada por la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, por el carácter político y no técnico que podría tener, en lugar de reafirmar el criterio de meritocracia, eficiencia, profesionalismo y experiencia en el sector saneamiento, que es fundamental para que la población tenga acceso al agua potable en el Perú.
Señalaron que todo cambio y/o reorganización no debe de mostrar un espíritu de copamiento, más aún en un organismo técnico especializado como lo es el OTASS, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), brazo ejecutor de la Política Nacional de Saneamiento y ente encargado de reflotar a las empresas de agua que administra temporalmente en 11 regiones del país en 18 EPS y una Unidad Ejecutora Agua Tumbes.
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La preocupación se acrecienta considerando que en el MVCS se han registrado despidos masivos de personal que realizaba labores de naturaleza permanente, afectando la funcionalidad de las áreas técnicas y quienes han accedido a sus cargos a través de concursos públicos.
Actualmente, se contratan órdenes de servicio que no asumen ninguna responsabilidad sobre la documentación que emiten, generando un caos institucional que afecta no solo al ministerio sino a los directos beneficiarios de su labor: la población.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (SUTOTASS), Miguel Yancán Torres, expresó que los servidores de la entidad que representa, en su mayoría CAS indeterminados, no deberían verse afectados en sus derechos adquiridos con la anunciada reorganización, por lo que estarán vigilantes para que no se les atropelle o vulnere, ni permitir el abuso, el hostigamiento, ni el maltrato laboral.
El SUTOTASS, cuenta con más de 100 afiliados a la fecha, los cuales serán próximamente capacitados en aspectos jurídico laborales que les permita conocer y aplicar, de manera oportuna, los mecanismos y herramientas para accionar y proteger su derecho fundamental al trabajo, idea que nació como respuesta a conflictos en materia laboral que se pueden generar como consecuencia de un hostigamiento laboral, despido arbitrario, entre otros.
Yancán manifestó que está en articulada comunicación con reconocidos aliados como los sindicatos de Sedapal, Cofopri, Sencico, la Fiscalía e incluso SERVIR, especialistas en derecho laboral y otros profesionales que recientemente exigieron a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) iniciar acciones disciplinarias contra los funcionarios y/o servidores involucrados en las desvinculaciones irregulares de servidores CAS indeterminados.
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