—¡Aló! Buenas tardes, central de emergencia.
—Calla, idiota, idiota.
Así como esta, cada día las centrales de emergencias del país reciben miles de llamadas malintencionadas que afectan su labor: ayudar a las personas.
En enero, la central de emergencias (105) de la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 493.194 llamadas de auxilio. De ese total, 384.392 fueron malintencionadas o silentes; es decir, el 77% del total de las comunicaciones. Solo un 10% fueron emergencias reales.
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Lo mismo sucede en la Central de Emergencias (116) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). A diario reciben unas 600 llamadas malintencionadas como esta. No solo generan pérdida de tiempo y saturación en las líneas telefónicas de la base de monitoreo, tampoco permiten que se atiendan emergencias reales.
Larry Lynch, comandante general del CGBVP, explica que en los peores casos obligan a desplegar unidades, dejando a las compañías de bomberos con menos unidades y personal. “Ante una emergencia enviamos tres unidades. Al despachar a un camión de bomberos o una ambulancia a una emergencia que no es –que es una llamada falsa– no solo se gastan recursos logísticos y económicos, también se pone en riesgo a los bomberos porque podemos tener un accidente en el camino”, explica Lynch.
En el 2018, el Ministerio del Interior (Mininter) llevó a cabo un diagnóstico de las líneas de emergencia de los bomberos, PNP, Minsa y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En el informe advierten que entre las cuatro centrales de emergencias analizadas recibían más de 11 millones de llamadas al año. Sin embargo, solo entre 4% y 17% de estas eran emergencias reales. Es decir, entre el 83% y 96% son llamadas malintencionadas.
Según el documento, ese año, atender las llamadas falsas representó un gasto de S/ 1,9 millones, “solo contabilizando salarios al personal que atiende las llamadas” y sin sumar otros costos como gasto de combustible o costos hora/hombre por atender una emergencia.
—Sanción—
El Decreto Legislativo 1277 (reglamentado por el D.S. 013-2017.MTC) establece que las personas que realicen llamadas malintencionadas serían multadas con hasta S/2.150 (50% de una UIT).
Para sancionar a quienes cometen esta falta, los encargados de las centrales de emergencias deben entregar información de las llamadas falsas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero en la práctica esto sucede de forma parcial, pues solo los bomberos y la PNP presentan ese registro.
“El procedimiento sancionador actual no es efectivo. No todas las centrales de riesgo tienen la tecnología para otorgar los datos que se exigen y, por otro lado, el método que se aplica es demasiado burocrático. No tiene un enfoque real”, asegura la exviceministra de Seguridad Pública Nancy Ponce.
El CGBVP manifestó que ellos ingresan mensualmente el registrado de números que realizan llamadas malintencionadas para que procedan a ser sancionadas. Este Diario intentó comunicarse con el MTC para conocer el total de personas sancionadas hasta la fecha, pero no obtuvo respuesta.
Del mismo modo, se requirió sin éxito un vocero del Viceministerio de Seguridad Pública del Mininter para conocer las acciones que realiza en este tema.
Para Ponce, se deben reformular las sanciones con dos cambios: que estén a cargo del Osiptel, ente regulador de las empresas de telefonía, y desarrollar un sistema integrado de comunicación en el país. Indica que junto al diagnóstico que realizó el Mininter en el 2018, se presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 277, pero “no fue considerado en la agenda”. Por ello, debido al poco interés de las autoridades en atender este problema, las llamadas falsas siguen malgastando los recursos de las entidades que nos salvaguardan.
El rol del GPS en los pedidos de ayuda
La exviceministra de Seguridad Pública Nataly Ponce Chauca aseguró que las centrales de emergencia no solo deben registrar el número de la persona que solicita ayuda, sino también la geolocalización (GPS) que muestre desde donde se realiza la llamada.
“Existen experiencias internacionales que demuestran que las llamadas silentes (donde no hay comunicación) no son necesariamente falsas, sino que son personas que buscan la ayuda, pero por temor no logran concretar la comunicación”, señaló Ponce.
En Ecuador, la central de emergencia ECU911 identificó que las llamadas silentes provenían de niños, adolescentes o mujeres que temían que su agresor tome represalias contra ellos por solicitar auxilio a las autoridades.