Sigue la búsqueda de un joven desaparecido tras la marcha nacional del sábado

[Actualización 17/11]

Esta tarde apareció Luis Fernando Araujo Enriquez (24), uno de los jóvenes reportado como desaparecido luego de la marcha nacional del sábado contra Manuel Merino. El joven denunció que estuvo secuestrado por presuntos agentes el Grupo Terna, de la Policía Nacional, durante tres días. De esta forma, solo falta ubicar a Gabriel Rodríguez Medrano, de quien no se ha podido corroborar la identidad.

[Nota original]

La marcha nacional del sábado 14 de noviembre, la sexta consecutiva en la semana que duró el gobierno de Manuel Merino, sigue dejando heridas abiertas. Además de los jóvenes muertos por perdigones de la policía y los más de 100 lesionados, aún quedan dos manifestantes que no han regresado a su casa.

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Se trata de Gabriel Rodríguez Medrano y Luis Fernando Araujo Enriquez (24), quienes participaron en la protesta realizada en el Centro de Lima y de quienes no se conoce su paradero más de 48 horas después.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) elaboró una lista [ver al final de esta nota] con los reportes de no ubicados en la que se llegó a consignar hasta 72 nombres de varones y mujeres. Mar Pérez, abogada de esta organización, explica que la mayoría ha ido apareciendo en las últimas horas. La lista se realizó a partir de llamadas y reportes en redes sociales de familiares y amigos de los manifestantes que llevaban al menos 4 horas sin comunicarse. Aunque en algunos casos se trató de personas que no tuvieron batería para comunicarse o que se perdieron por el caos desatado a raíz del uso indiscriminado de gases lacrimógenos, la letrada señala que hay reportes de abusos cometidos por la policía.

“Tenemos el caso del chico que se llevaron en una camioneta con placas tapadas y de una joven que fue golpeada. Se tiene que investigar y documentar que pasó en ese lapso [el tiempo en el que no se comunicaron] porque esto no puede quedar así no más por mucho que hayan regresado a sus casas”, dijo a El Comercio.

La Defensoría del Pueblo también participa de la búsqueda de los jóvenes. Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de esta entidad, informó que ayer visitaron 13 dependencias policiales, entre ellas las comisarías de San Andrés, Cotabambas, Alfonso Ugarte y sedes de la Diviac, Dircote y Diones, así como hospitales de Lima y Callao para ubicar a los jóvenes que aparecían en la lista. Ninguno fue encontrado en esos establecimientos, pero continúan las investigaciones.

“No se descarta ninguna hipótesis sobre lo que ha pasado. Todavía hay personas desparecidas. Todas aquellas que tuvieron alguna dificultad en su momento ya pudieron llegar a su domicilio, entonces no descartamos ninguna posibilidad sobre quienes no aparecen”, indicó a este Diario.

El representante de la Defensoría reiteró que las personas intervenidas o detenidas tienen derecho a comunicarse y a conocer la razón por la que se encuentran privadas de la libertad, cualquier irregularidad en este tema es una vulneración a sus derechos humanos.

“Basta que haya un solo desaparecido para que sea una situación muy grave porque implica una serie de vulneración de derechos. Además del derecho a la libertad, también la incomunicación y las posibilidades, dentro de ese secretismo de no saber dónde está, de que exista riesgo de maltrato e incluso tortura. Es una situación muy grave”, agregó.

El último domingo, siete organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentaron una denuncia penal por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad en contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, ex presidente, ex presidente del Consejo de Ministros y ex Ministro del Interior, respectivamente, por los hechos de violencia registrados tras las marchas por la crisis política. Pérez indica que esta denuncia podría ampliarse con el delito de detenciones arbitrarias si se comprueban acciones irregulares en la desaparición de los jóvenes. “Es una denuncia abierta para incorporar otras violaciones de derechos que se han producido en la manifestación. La fiscalía está recabando todas las pruebas y las organizaciones de derechos humanos estamos apoyando con esta información”, indicó la abogada.

Otro tema preocupante sobre la situación de quienes fueron reportados como no ubicados es que los familiares denuncian que la policía ha presionado para contactarse con ellos, situación que Mar Pérez califica como intimidante.

“Nos está llamando mucha gente, tanto de los reportados como heridos, desaparecidos e incluso de los fallecidos, que denuncian presión de la policía. Agentes están yendo a la casa de los chicos que han estado en nuestra lista y eso es intimidante. La policía dice que quieren colaborar, pero si quieren pueden hacerlo de otra forma como aportando pruebas o la lista de agentes que participaron en la marcha. Por ahora es contraproducente una relación directa con los familiares que están asustados, cualquier relación es intimidante”, agregó.

Por otro lado, Barrenechea indicó que sigue en investigación el uso excesivo de fuerza por parte de la policía durante la manifestación. “Hay imágenes de personas reducidas que han sido golpeadas y eso puede configurar un delito de tortura. Estamos contactándonos con la fiscalía de turno para hacer el seguimiento y conocer cómo se van a conducir esos casos”, señaló.

Asimismo, instó a los familiares o amigos de las personas que siguen no ubicadas a comunicarse con la Defensoría al teléfono 0800-15170 para colaborar con la identificación exacta de estos jóvenes, así como sus números telefónicos que ayuden a la georreferenciación. “La búsqueda no ha terminado. Los que ya aparecieron está bien aparecieron, pero hay que saber las circunstancias”, dijo. Este Diario corroboró en Reniec la identidad de Araujo Enriquez, pero no la de Rodríguez Medrano. La Defensoría también indicó que en el segundo caso el nombre no ha podido ser corroborado porque la persona que efectuó la denuncia no ha contestado sus comunicaciones.

Ayer, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó que se abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de desaparición forzada de manifestantes a la marcha. Por ello se han dispuesto diligencias a cargo exclusivamente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. Las pericias se realizarán con información extraída de las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron los hechos. El fiscal a cargo de los casos de desaparecidos ha solicitado la geolocalización de cada uno de ellos.

La lista de no ubicados de la CNDDHH se actualiza constantemente y se puede acceder a ella haciendo clic en la siguiente imagen.

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