Migraciones aceptó el pago por 77 mil pasaportes pese a que no tenía stock

Cualquier peruano que hoy quiera tramitar un nuevo pasaporte o renovar el que está vencido o por vencer tendrá que esperar 210 días para la cita más cercana en Lima, el 10 de noviembre del 2022. Si vive en otra región, lo más pronto es el 16 de agosto para Puno o el 18 de agosto para Tumbes. Entre cuatro y siete meses de espera para acceder a un documento garantizado por la Constitución.

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Recurrir a la vía de emergencia –con un pasaje comprado para las próximas 48 horas –implica amanecerte en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones o formar largas colas en el aeropuerto Jorge Chávez.

La crisis por la escasez de pasaportes en el país llegó a un punto crítico cuando el lunes cientos perdieron sus vuelos por falta del documento. Pero la afectación es aún mayor.

La Contraloría General reveló ayer que 77.589 ciudadanos pagaron (hasta el 8 de febrero del 2022) por un documento sin que Migraciones tenga stock suficiente. Como cada derecho a trámite cuesta S/98.60, lo desembolsado en total asciende a S/ 7′650.296 solo entre enero y la primera semana de febrero.

Con el contrato para la adquisición de las libretas para el pasaporte firmado en enero, la entidad sabía que la llegada de los lotes se realizará hasta julio “sin que Migraciones haya adoptado medidas inmediatas para evitar el desabastecimiento y garantizar la oportuna prestación del servicio”, indicó el órgano de control en un comunicado.

De acuerdo con un acta suscrita con el proveedor el 14 de marzo pasado, la entrega de los 700.000 pasaportes nuevos estaba pactada para el 13 de mayo, 12 de junio y 12 de julio. Sin embargo, Migraciones informó que el lunes recibió un adelanto de 16 mil libretas y a fin de mes recibirán otro lote de 80 mil.

Proyecto

La respuesta del Legislativo ante la crisis en la entrega de pasaportes llegó el martes en la tarde con la presentación de un proyecto de ley que propone ampliar la vigencia de este documento hasta julio del 2023. Lo cierto es que la iniciativa tampoco significaría una solución viable para el ciudadano.

La congresista Norma Yarrow, autora del proyecto, reconoce que el debate en el Pleno del martes se suspendió luego de que el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández Campos, le explicara que el chip del pasaporte, con la información biométrica del ciudadano, tiene una vigencia de solo cinco años. “Pedí el cuarto intermedio para no mandar a votación algo que no tenía todo el sustento técnico. Había pedido una moción pero a veces son un saludo a la bandera”, dijo a El Comercio.

Para el jueves 21 de abril la congresista tiene programada una reunión con el superintendente para encontrar una salida que sí pueda ser ejecutada. Con una nueva propuesta que resulte de esa reunión se debatiría el proyecto de ley.