A la fecha, según el Ministerio de Salud (Minsa), la cifra actual de fallecidos por COVID-19 en el país es de 32.324. Entre los nombres que integran esta lista, hay dos que no pasan desapercibidos, principalmente porque se encontraban afrontando procesos por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
Se trata de Pedro David Pérez Miranda y Víctor Rivera Muñoz, también conocidos como ‘Peter Ferrari‘ y 'Jarachupa’, respectivamente. El primero de ellos murió el último sábado en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES), aproximadamente a la 1:45p.m. El establecimiento precisó en un comunicado que Pérez Miranda ingresó el 25 de agosto y que recibió todas las atenciones necesarias y fue monitoreado por un equipo de especialistas en todo momento, como establecen los protocolos de atención.
Rivera Muñoz perdió la vida el pasado 24 de agosto, a las 5:30 a.m, en una de las salas de emergencias del nuevo hospital de Ate, de acuerdo a fuentes de El Comercio. Debido la gravedad de la infección que tenía, el cuerpo de ‘Jarachupa’ solo resistió menos de 24 horas en el centro de salud, dijeron las fuentes. Su abogada contó que días antes su patrocinado había sido trasladado de urgencia de Ayacucho a Lima porque su estado de salud había empeorado.
Pero, ¿quiénes eran estos dos personajes y por qué eran investigados?
'Peter Ferrari’: un amante de los autos de lujo y del oro
El apodo de ‘Peter Ferrari’ surgió en los años 90 producto de los lujosos autos que ostentaba. Desde aquel entonces hasta el día de su muerte fue vinculado al lavado de dinero proveniente de la minería ilegal. El 5 de junio de este año, tras pasar 41 meses en prisión preventiva, salió en libertad sin que el Ministerio Público haya interpuesto alguna acusación formal en su contra.
La investigación en contra de ‘Peter Ferrari’ comenzó en el 2013. Para ese entonces ya había pasado 4 años en prisión, entre 1999 y el 2003, por lavado de activos; sin embargo, en el 2013 la fiscalía logró calcular que en solo un año había exportado más de 14 toneladas de oro por un monto de US$636 millones, a través de cuatro de sus empresas. El metal, que se sospecha venía de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, terminó en poder de tres compañías de Estados Unidos.
Precisamente, ese país había solicitado la extradición de Pedro Pérez Miranda a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida, que consideraba su caso como uno de los más grandes de lavado de dinero en el estado.
Posteriormente, en el 2017, se le incautaron diversos inmuebles y vehículos que habrían sido adquiridos con dinero ilegal. Luego, la fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra por el delito de lavado de activos en agravio al Estado, por lo que fue recluido en el penal Ancón I y luego pasó al Centro penitenciario Cochamarca.
Para entender la liberación de ‘Peter Ferrari’, hay que remontarse al 2 de julio del 2019. Ese día se venció la ampliación de la prisión preventiva interpuesta en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a solicitud del fiscal Lizardo Pantoja. El juez había ordenado primero 18 meses y luego 12 adicionales para la investigación que se le seguía.
Días antes del 2 de julio, el Ministerio Público solicitó el no cómputo de plazo de prisión preventiva alegando que el investigado había incurrido en “dilaciones maliciosas” para frustrar las diligencias y los tiempos del proceso, como el constante cambio de abogados o negativas para declarar. Por ese tiempo perdido solicitaba 180 días adicionales. El pedido fue aceptado por el magistrado y la defensa de Pérez Miranda apeló.
La apelación llegó hasta el 20 de setiembre de 2019, día en que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado revocó la última decisión de Concepción Carhuancho y otorgó solo 8 días adicionales. Es decir, para ese momento la prisión preventiva había vencido un mes y medio antes. La sala, integrada por Porfiria Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, ordenó su libertad bajo comparecencia. Sin embargo, ese día no salió ni en los 9 meses siguientes.
Según la resolución N° 10 de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado que ordenó la salida de ‘Peter Ferrari’, a la que El Comercio tuvo acceso, se determinó que no aplicaba el uso de grillete electrónico porque fue ordenado “al haberse cumplido el plazo ordinario y prolongado de la prisión preventiva el 2 de julio de 2019 […] De lo contrario sería desconocer principios como el de legalidad procesal y una clara infracción al orden jurídico”.
La sala remarcó en que el uso de grilletes para procesados es una alternativa a la prisión preventiva o su variación, la cual solo puede ser solicitada dentro del plazo de la misma. “La variabilidad no puede operar respecto de la medida de vigilancia electrónica, dictada fuera del plazo previsto para la prisión preventiva, pues solo será dentro de este marco temporal”, indicó el documento.
Por ello, ordenaron al juez Concepción Carhuancho ejecutar la libertad con las siguientes restricciones: vigilancia a cargo de la Policía Nacional bajo la dirección de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de dominio, presentarse ante el juzgado de investigación preparatoria competente cada 15 días para informar y justificar sus actividades, no ausentarse de la localidad en que reside, no comunicarse con los demás involucrados en el caso, acudir a las sedes fiscal y judicial cuando sea convocado y pagar una caución de 100 mil soles.
‘Peter Ferrari’ salió en libertad el 5 de junio y volvió a Lima para hospedarse en un hotel. “Se pagó la caución y está pasando cuarentena. El año pasado incautaron su domicilio de forma abusiva. Ahora se va a ubicar un nuevo domicilio que comunicaremos al juez para que se cumpla la vigilancia policial”, dijo su abogado a este Diario en aquella oportunidad.
‘Peter Ferrari’ declaró a dos medios de televisión tras salir de prisión y en ambos reiteró que era inocente y que no había hecho nada ilegal.
Lo cierto es que decenas de allanamientos de casas en varios distritos de Lima, incautaciones de vehículos de alta gama, hallazgos de lingotes de oro y hasta un documental de Netflix lo colocó entre las cabezas de una supuesta red que usa el oro extraído de forma ilegal como instrumento de lavado de dinero para el narcotráfico en Estados Unidos.
Estados Unidos solicitó la fiscalía, a través de la Cancillería, pruebas de que el cuerpo sin vida víctima del COVID-19 reportado por las autoridades sanitarias peruanas le pertenecía a 'Peter Ferrari’.
Es así que un dictamen pericial dactiloscópico realizado por peritos de la Dirección Nacional de Criminalística (Dirincri) de la Policía Nacional al cadáver de Pedro David Pérez Miranda confirmó su identidad. Según informó el programa ‘Panorama’, la PNP realizó la prueba para comprobar si se trataba realmente de ‘Peter Ferrari’, quien iba a ser extraditado a Estados Unidos para juzgado en ese país por el delito de asociación para cometer lavado de dinero.
‘Jarachupa’ y su vínculo con la droga del Vraem
Víctor Rivera Muñoz fue, desde hace cinco años, uno de los principales objetivos de la fiscalía de crimen organizado y de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional, quienes lo señalaban como uno de los presuntos narcotraficantes más activos del Vraem, que tuvo como centro de operaciones la localidad de Palmapampa (Ayacucho).
De acuerdo a las autoridades, ‘Jarachupa’ era el supuesto cabecilla de un clan familiar que producía y exportaba cocaína en avionetas a Colombia, Bolivia y México. Hasta antes de su muerte enfrentaba dos investigaciones en la fiscalía. La primera por lavado de activos, por presuntamente blanquear el dinero del narcotráfico a través de la compra de buses que son utilizados en Lima por la empresa que opera el corredor verde (Carretera Central), como denunció en febrero del año pasado la campaña #NoTePases de El Comercio.
La segunda investigación se dio luego de una captura en mayo del 2019. ‘Jarachupa’ fue detenido en flagrancia en el control policial de Machente por transportar sin poder acreditar su origen S/50 mil en efectivo, además de una pistola y municiones. Por este último caso, la fiscalía de crimen organizado de Ayacucho pidió 25 años de cárcel.
Finalmente, fue puesto en libertad por el juez Jesús Sotelo, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Kimbiri, quien rechazó el pedido de prisión preventiva por 18 meses presentado por la fiscalía.
Su abogada, Rocío Laines, señaló que como consecuencia del deceso de su defendido las investigaciones penales deberán ser declaradas extintas. Con respecto a los señalamientos de que era un narcotraficante, remarcó que su patrocinado gozaba de la presunción de inocencia al no haber una sentencia condenatoria que lo asegure.
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