El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó este miércoles 13 de julio, que no existe ningún trámite de expropiación de predios que esté ejecutando el sector en inmuebles cercanos al Aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. El pronunciamiento responde a las protestas de un grupo de personas que esta mañana bloqueó un tramo de la avenida Néstor Gambetta y generó congestionamiento vehicular.
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“Respecto a protestas en Av. Gambetta de pobladores de asentamientos humanos cercanos al Aeropuerto Jorge Chávez, informamos que no existe ningún trámite del MTC de expropiación de predios. Pediremos información al GORE Callao sobre qué acciones de su gestión motivan esa reacción”, se lee en una publicación en la cuenta oficial de Twitter.
Agentes de la Policía Nacional llegó a la avenida Gambetta para retirar a las personas de la vía y así lograr que circulen vehículos de transporte público, autos particulares, camiones y tráileres. Los protestantes, quienes viven en asentamientos humanos cerca a la zona del aeropuerto internacional, reclamaron que intentan desalojarlos de la zona y reubicarlos en Ancón.
Por su parte, Lima Aiport Partners (LAP) informó que, en el 2001, el Estado otorgó a LAP la concesión para la operación y ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.
Para ejecutar el proyecto, el Estado debía iniciar un proceso de expropiación de todos los terrenos destinados para su ampliación, que comprende la construcción de un nuevo terminal de pasajeros, una segunda pista de aterrizaje y una nueva torre de control.
“Es importante que el Estado expropió la totalidad de dichos terrenos y cumplió con su entra total y definitiva a LAP”, aclara el comunicado.
No obstante, LAP agregó que han tomado conocimiento del proceso de reubicación de algunas localidades vecinas, que no involucra el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao.
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“LAP comprende la preocupación de las personas que pueden verse afectadas por esta medida y lo ha manifestado así a las autoridades, y confía que el Estado, a través de las instituciones competentes harán lo necesario para lograr un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas, sin perjudicar la calidad de vida de la población de las localidades afectadas”, finaliza el pronunciamiento.
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