San Isidro: la nueva ordenanza que regula la construcción de viviendas de interés social y que enfrenta a vecinos y regidores

La Municipalidad de San Isidro informó a El Comercio que fueron siete proyectos de Vivienda de Interés Social los autorizados hasta diciembre 2022-durante la gestión anterior- y que actualmente se encuentran en ejecución. Además, durante el 2023, tres expedientes fueron ingresados a través de la modalidad de Revisores Urbanos. De acuerdo con la entidad, los tres se aprobaron conforme a la normativa nacional, pero han sido observados por la municipalidad y derivados al Ministerio de Vivienda para su pronunciamiento. Mientras no haya respuesta del ministerio, no pueden ser procesados judicialmente, explicó la comuna.

De esta forma, actualmente existen diez proyectos de este tipo en ejecución o evaluación.

A fines de noviembre, El Comercio recogió la opinión de diversos vecinos y expertos que criticaban la construcción de edificios de hasta quince pisos en zonas donde la altura máxima es de solo siete. Según indicaron, se estaría empleando el concepto de Vivienda de Interés Social para construir edificios de mayor tamaño y con fines de lucro.

“Esta propuesta debilita la ordenanza 585 y atenta contra el carácter residencial de nuestro patrimonio. Es un completo despropósito que beneficia directamente a las inmobiliarias (...). Estamos a favor de la inversión para la construcción de más viviendas, pero siempre y cuando estas se ajusten a las normas establecidas y no causen perjuicios”, sostuvo entonces Rebeca Antezana, representante de la Junta Vecinal del Subsector 5-3.

Incluso, los vecinos presentaron este 4 de diciembre un oficio a la alcaldesa de San Isidro, Nancy Rosalie Vizurraga, para que realice un Cabildo Abierto “para convocar a los vecinos con el fin de que se debatan y se voten la propuesta de modificación” de la Ordenanza 585. “No han tenido la voluntad de explicarnos el sentido de la derogación. [Muestran una actitud] simplemente autoritaria, arbitraria. Dan la impresión de tener el poder absoluto. Ellos dicen que están para los vecinos, pero no es así”, criticó Antezana en una nueva entrevista con este Diario.

No obstante, la votación ocurrida ayer en el Concejo arrastra un contexto más complejo y que se detalla en las siguientes líneas.

Si bien la normativa 2361-2021 de la MML era de obligatorio cumplimiento para la comuna metropolitana, el Área de Tratamiento Normativo III estaba exenta de su aplicación. Esta es conformada por los distritos de La Molina, Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, Magdalena, Surquillo y San Isidro.

No obstante, el 21 de junio de este año el Tribunal Constitucional (TC) falló en contra de la MML y determinó que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias municipales exclusivas.

De tal forma, los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) quedaron estancados, pues estos deben seguir -de acuerdo con el fallo del TC- con los parámetros técnicos establecidos por los municipios, como lo son la zonificación y la altura máxima, los cuales no eran necesariamente respetados antes del fallo del TC.

Es así que en agosto de este año, la comuna sanisidrina publicó la Ordenanza 585. En el numeral 3.3 se concretó la suspensión de la ejecución de las obras de los proyectos de Vivienda de Interés Social “que se encuentren sujetos a un proceso judicial y/o pendientes de un pronunciamiento por parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, hasta que se cuente con una sentencia firme del órgano jurisdiccional y/o hasta que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento se pronuncie”.

Esta medida respondía a lo comprendido en la resolución del TC, puesto que ahora las municipalidades regían sobre las exigencias de edificación de las VIS. Sin embargo, el propio Tribunal precisó que el pronunciamiento no tenía efecto sobre los proyectos ya iniciados, bajo las normas de la MML declarada nulas. Estos proyectos deben ser revisados individualmente por las autoridades competentes.

Asimismo, los numerales 3.4 y 3.5 de la Ordenanza de San Isidro anunciaba que la Subgerencia de Obras Privadas comunique a la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, los Proyectos que se encuentren afectos a lo mencionado líneas arriba, además que la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización ejecute las acciones administrativas correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Todos estos enunciados -que congrega al tercer artículo de la Ordenanza 585- concentraron las intenciones de la nueva normativa debatida y aceptada este miércoles. Siendo el único motivo en agenda del Concejo, los regidores presentaron la nueva Ordenanza que deroga los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 de la 585-MSI. Fue aprobada alrededor del mediodía con 6 votos a favor de los regidores Gustavo Reátegui (teniente alcalde), Lily Morey, Rosario Fernández, Nicol Chávez, Zuleika Benel y Esperanza Puig. Es decir, se erradicó el concepto de paralización de las obras de VIS.

Roger Morales, ingeniero y miembro del Concejo de Coordinación Distrital de San Isidro, explicó a El Comercio que la construcción de Viviendas de Interés Social en su distrito no sería adecuada. Esto por el alto precio de los terrenos, que obliga a una expansión vertical fuera de los rangos de altura establecidos. Con el fallo del TC, los nuevos proyectos de este tipo no podrán exceder los límites establecidos de pisos.

“Según la propia sentencia del TC, hay que resolverlos individualmente, porque el estado de cada uno de ellos es diferente. Una cosa es tener el proyecto ya en construcción, otra es tener solo la licencia”, sostuvo Morales. “Hay constructoras que tienen el proyecto en el piso 15, ¿cómo lo para usted? No hay forma. Si no se resuelve, inicia un litigio y le van a ganar a la Municipalidad. Nos íbamos a meter en varios líos”, agregó.

Antezana indicó que la “gestión municipal estaba evaluando [los proyectos en proceso] individualmente, caso por caso [como lo establece el TC]. Aquellos que tenían vicios, continuaban su proceso judicial. Entonces no había ninguna violación de derechos a las constructoras”. Para ella, no era necesario derogar la Ordenanza 585. “Pareciera que se han coludido. Les están dejando la puerta abierta para que ingresen más proyectos”, añadió.

El Comercio conversó con Julio César Avanzini, uno de los regidores que votó en contra de la nueva Ordenanza. “Las personas perjudicadas son los vecinos. Ellos están en contra. Es más, las juntas vecinales ha pedido que se realice un cabildo abierto sobre este tema. Pero estos señores [los regidores que votaron a favor de la nueva Ordenanza] no escuchan a los vecinos, no quieren hacer un cabildo abierto. Yo no sé cuál será la razón”, dispuso.

Junto a su colega Gabriel Renato Chapiama, ambos presentaron en la tarde del miércoles un recurso de reconsideración de la decisión del Concejo. Uno de los dos fundamentos expresados resaltaba la falta de transparencia y eficiencia del procedimiento. “Todo proyecto normativo debe ir adjuntando una exposición de motivos, análisis costo beneficio y una evaluación de impacto [lo que] no se ha cumplido con presentar”, dispone el documento al que accedió El Comercio.

Asimismo, se arguyó que la decisión tomada por el Concejo ponía en riesgo la detención de 57 expedientes que fueron aprobados por revisores urbanos. “En caso se continúe con el retiro del artículo 3 de la Ordenanza 585, se generaría el ingreso de estos expedientes”. Los regidores que firman dicha moción establecen que no se lograría la adopción de medidas eficientes para detener el desarrollo de estas obras que son ajenas a los parámetros urbanísticos locales.