La lucha por el parque La Paz: vecinos rechazan iniciativa para construir un mall en áreas verdes de Surco

En la vida antes del coronavirus, Raúl Canales tenía dos certezas: que a sus 76 años el baile sigue siendo su pasatiempo favorito y que los jueves eran días de reunión obligatoria en el parque La Paz, en Surco. En los últimos años, el parque y su glorieta se volvieron el punto de encuentro de los adultos mayores de la urbanización Centro Comercial Monterrico que buscaban distraerse con música. Hoy, él y sus compañeros se encuentran en pie de lucha para que el parque no desaparezca. “¿Cómo es posible que nos traicionen? Nos olvidan. Si nos lo quitan, qué nos queda”, dice.

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No solo ellos. Los vecinos de esta parte de Surco denuncian que el municipio distrital y su concejo respaldan un proyecto que busca construir un centro comercial sobre las áreas verdes.

Su preocupación surge por el Acuerdo de Concejo N°48, del 21 de setiembre, que aprobó por mayoría la Opinión de Relevancia de la Iniciativa Privada Autosostenible del Proyecto en Activo “Desarrollo de un Centro Comercial, Edificio Corporativo y Estacionamientos Subterráneos en la Urbanización Centro Comercial Monterrico”, el cual contempla intervenir un área de más de 11 mil metros cuadrados donde hoy se ubica el parque La Paz, una zona de estacionamientos y la auxiliar y berma central de la avenida La Encalada.

El proyecto, presentado en el 2018 por el Consorcio Penta SAC y la Promotora de Edificaciones Santa Bárbara SAC, plantea la construcción y operación de un mall de tres pisos, un edificio de 17 pisos y 672 estacionamientos subterráneos en tres niveles. Por la concesión del espacio por 50 años, la constructora ofrece a la comuna de Surco una retribución del 5% de los ingresos netos de la recaudación del área comercial.

Entre setiembre del 2019 y junio pasado, la iniciativa pasó por siete gerencias y subgerencias municipales que opinaron a su favor, entre ellas la de Comercialización e Inspecciones Técnicas y la de Iniciativas Públicas, Privadas y Cooperación. Esta última emitió un informe en febrero en el señalaba que dicha iniciativa “impacta directa y favorablemente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos municipales” y que cumplía todos los requisitos de fondo y forma exigidos.

Sin embargo, los vecinos denuncian nunca fueron consultados sobre el proyecto que supondría la destrucción de áreas verdes, con más de 30 árboles y palmeras, el cierre de los accesos del mercado y los negocios locales, así como el incremento de la congestión vehicular en la zona. El riesgo también implicaría perder las zonas de evacuación en casos de desastres y la caseta de seguridad ubicada en el área de intervención.

“Quieren convertir el espacio público en privado. No hay beneficios para los vecinos. No solo el parque está condenado a desaparecer, también las únicas zonas de seguridad”, indica a este Diario Giancarlo Chiamulera, quien integra el colectivo vecinal creado para defender el parque.

Un proceso criticado

Este Diario buscó la posición de la comuna distrital sobre el interés en el proyecto; sin embargo, al cierre de la nota no obtuvimos respuesta. No obstante, el martes 13 de octubre, el municipio publicó un video en el que Gary Cojal Díaz, analista de inversión privada de comuna, asegura que el proyecto aún se encuentra en etapa de formulación para analizarlo a nivel técnico, económico, social y ambiental. “La opinión de relevancia nos permite pasar a la segunda etapa que nos da la posibilidad de evaluar la iniciativa a detalle”, indica en el material compartido en Facebook.

Para el abogado Johnny Zas Friz, especializado en temas municipales, la opinión de relevancia puede entenderse como la posición política del concejo a favor del proyecto. “Quiere decir que está interesado en promoverlo como una iniciativa privada. Llama la atención el mecanismo porque el proceso de concesión se inicia oficialmente con la declaratoria de interés”, dijo a El Comercio.

En el video difundido por Surco, Cojal Díaz agrega que la iniciativa podría modificarse para construir los estacionamientos debajo del parque e incluir un by-pass en la avenida La Encalada que reduzca el impacto vial del futuro centro comercial.

No obstante, los vecinos cuestionan que se busque hacer viable un proyecto que, aún con cambios, implicaría intervenir necesariamente el área que fue cedida por los vecinos en el 2006 como zona de recreación pública, tal como consta en la partida N° 11838314 de Registros Públicos. Este también es el argumento del regidor Carlos Pinillos, uno de los dos que votó en contra del cuestionado acuerdo de concejo, para pedir su nulidad a través de una carta dirigida a la secretaria general del municipio, Lily Medina. En la última sesión, dicha carta fue presentada, sin embargo, se desestimó por “no cumplir con las condiciones legales”.

Pinillos también ha cursado cartas a la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Surco, Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República para pedir su intervención.

Ayer, el Colegio de Arquitectos de Lima emitió un comunicado para rechazar la iniciativa privada a la que califica de ilegal por pretender concesionar un bien inscrito con fines exclusivos de recreación pública. En el pronunciamiento precisan que de acuerdo a la Constitución Política del Perú “el predio tiene carácter intangible, inalienable e imprescriptible, y por tanto, no puede ser transferido a una empresa privada para fines comerciales, salvo para estacionamientos subterráneos”.

Parques en riesgo

No es la primera vez que un parque es objeto de interés de una iniciativa privada. En el 2016, el concejo municipal de Comas declaró de interés una iniciativa privada para construir un centro comercial en 7.667 m2 del parque Manhattan pese a que los vecinos que viven alrededor denunciaban que nunca se les consultó. La iniciativa contemplaba dar el espacio en concesión por 40 años a la empresa operadora que invertiría 57 millones de soles en el mall. Luego de un año y medio de protestas vecinales, la intervención de la Contraloría que detectó irregularidades en la iniciativa privada, finalmente en febrero de 2018 se aprobó por unanimidad dar marcha atrás al proyecto.

Para el arquitecto Gonzalo Quispe, miembro de la Unión de Egresados y Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de Lima (UDEAL), que las municipalidades tomen en cuenta iniciativas privadas para concesionar espacios de recreación demuestra una visión que no considera el bienestar de los vecinos.

“Persiste la lógica del cemento”, dijo a este Diario. Sobre el caso de Surco, el arquitecto cuestionó que se impulse un proyecto que implique un cambio de zonificación del cual aún no tienen la certeza que será aprobado. “Aunque aún no se ha aceptado formalmente el proyecto, hay un intento de cambio de zonificación, pero esto tendría que hacerlo la Municipalidad de Lima. ¿Cómo buscas proyecto si no sabes si Lima te lo va a aceptar?”, agregó.

Los vecinos no descartan presentar medidas cautelares, denuncias o cuanta acción legal encuentran para defender los árboles, el parque y la posibilidad de vivir sin perder espacios públicos.

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