De no renovarse la ley vigente este 11 de octubre, los lectores encontrarían el precio de los libros un 18% más caros (al incluírsele el IGV). (Foto: Alessandro Curraino/El Comercio)
De no renovarse la ley vigente este 11 de octubre, los lectores encontrarían el precio de los libros un 18% más caros (al incluírsele el IGV). (Foto: Alessandro Curraino/El Comercio)
/ ALESSANDRO CURRARINO
Enrique Planas

La ley del libro se asumió como una carrera contra el tiempo. Agotados en el 2015 los beneficios del marco legal anterior, los libreros debían esperar cada año el decreto con el que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) insuflaba de aire fresco a la actividad editorial. Sin embargo, en las últimas semanas, con el amén del presidente, el recule del titular de Economía y la complicidad del Ministerio de Cultura y la Comisión de Cultura del Congreso, todo hacía ver que en breve tendríamos la nueva ley. El proyecto consensuado en la Comisión de Cultura se aprobó el 18 de setiembre, y junto con el proyecto presentado por el Ejecutivo, esperaban en el escritorio del presidente del Congreso, programado su debate en el pleno el 3 de octubre. Sus autores, los hoy excongresistas Miguel Torres (Fuerza Popular), Luciana León (Apra) y Francesco Petrozzi (Bancada Liberal), representaban prácticamente todo el espectro del hemiciclo.

Sin embargo, la disolución del Congreso llevó todo a fojas cero, y obliga al gremio librero a replantear sus expectativas. Este viernes 11 de octubre se vence la ley vigente, llevándose consigo todos sus beneficios tributarios. De no tomarse medidas, al día siguiente los lectores encontraremos los libros 18% más caros (al incluírsele el IGV), y en el mediano plazo, advertiremos la consiguiente contracción del consumo, el freno a la expansión de librerías que hoy se abren en provincias, la disminución de títulos, así como el cierre de mercados abiertos para la exportación de libros peruanos.

—Nueva prórroga—

En vísperas de su vencimiento, ¿qué recurso les queda a los libreros para evitar el ‘off-side’ legal? Para José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro, todo está en manos del MEF, a través de un decreto de urgencia. Y luego, trabajar con el nuevo Congreso de la República el debate de los dos proyectos presentados.

"Vivimos en una situación de excepción. La constitución dice que se legisla con decretos de urgencia, pero a la vez se blinda al no poderse legislar en materia tributaria. Por ello, una solución es prorrogar los beneficios de una ley ya aprobada en un Congreso", señala Alvariño. Por cierto, aunque el código tributario permite una sola prórroga de exoneraciones tributarias, el MEF ya autorizó esta medida excepcional en dos ocasiones para la actividad editorial.

Así, el responsable del gremio confía en que antes del viernes el Ejecutivo ofrecerá esta solución transitoria, pues ya el primer ministro ha hecho público su interés a través de los medios. "Imagino lo convulsionado que debe estar ahora el Ejecutivo, sobre todo el MEF y la PCM, pues tienen muchos frentes por resolver. Pero ya el primer ministro Vicente Zeballos ha señalado que una de sus prioridades es la ley del libro. Ya no existen resistencias por vencer. El único problema es la forma legal que hay que darle", explica.

El nuevo marco legal incluye, además de las exoneraciones tributarias, el acceso a la micro y pequeña empresa a los reintegros tributarios, mediciones de los indicadores económicos a cargo del Ministerio de Cultura y, algo fundamental, la implementación de un fondo para el equipamiento de las bibliotecas públicas.

Como señala Eva Flores, decana del Colegio de Bibliotecólogos, estas instituciones resultan esenciales para la formación de los ciudadanos. “En un contexto de nuevas elecciones, ¿dónde los ciudadanos podrán encontrar información de acceso fácil y gratuito? El Estado podrá llevar a sus pueblos las ánforas, los votos y las actas, pero antes debe hacer circular la información. Y las bibliotecas públicas tienen esa misión”, afirma. “Con la ley del libro, las bibliotecas públicas demostrarán a los ciudadanos que pueden ser muy útiles como agentes de cambio”.


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