Organizaciones culturales lanzan iniciativa para pedirle cuentas a la inteligencia artificial

En un movimiento inédito, 34 organizaciones creativas y culturales de América Latina unieron fuerzas para exigir que los gobiernos y las empresas tecnológicas protejan los derechos de autores, artistas y productores frente al avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) generativa.

La coalición presentó JusticIA, iniciativa que busca establecer reglas claras para el uso de IA en la creación de contenidos. Aunque reconocen que la tecnología abre nuevas oportunidades para la industria, advierten que no debe convertirse en una amenaza para la propiedad intelectual.

“En medio de este panorama dinámico y cambiante, parece justo y apropiado que se preserven los derechos de autor y derechos conexos y que los desarrolladores de sistemas y modelos de inteligencia artificial estén obligados a actuar con transparencia, informando sobre los contenidos que han utilizado en el entrenamiento de sus modelos. Todos los que formamos esta coalición estamos unidos en torno a estas ideas y a esta petición que hoy hacemos a todos los gobiernos, legisladores y responsables de políticas públicas”, afirmó Adriana Restrepo, directora regional de la IFPI para América Latina y el Caribe.

La declaración conjunta plantea dos medidas clave:

Transparencia obligatoria para los proveedores de IA, incluyendo registros precisos de las obras empleadas en el entrenamiento de modelos y acceso a esa información para los titulares de derechos.

Etiquetado claro de todo contenido generado íntegramente por IA, con el fin de evitar que los consumidores sean inducidos a error.

De acuerdo a la coalición, el llamado llega en un momento crítico: la IA se integra cada vez más en la producción artística, desde música y cine hasta literatura y diseño. Sin embargo, para los creadores, esta integración debe garantizar un principio fundamental: que la creatividad humana no sea desplazada ni vulnerada.

La coalición, que por el lado de Perú está integrada por Unimpro (Unión Peruana de Productores Fonográficos), anunció que la declaración será enviada a legisladores de toda la región e invitó a otros organismos, políticos y al público a sumarse al reclamo.