Hoy la operación Lava Jato cumple cinco años de haber comenzado. El 17 de marzo del 2014, las autoridades brasileñas arrestaron a Alberto Youssef, un testaferro y traficante de divisas que trabajaba, entre otros, para Roberto da Costa, un ex directivo de Petrobras. Se trató de la primera fase de este escándalo de sobornos.
A propósito de ello, conversamos con el periodista colombiano Jorge Enrique González, autor de “Odebrecht: la historia completa” (2018), un libro que intenta explicar cómo la multinacional tejió una maraña de corrupción que tiene en vilo a decenas de políticos en la región.
— A cinco años del inicio del Caso Lava Jato, ¿todavía estamos muy lejos de conocer toda la verdad?
La verdad plena aquí es una posibilidad remota, casi una utopía. Lo que ha trascendido hasta hoy tiene énfasis en uno de los componentes: el Caso Odebrecht donde los hallazgos, por sorprendentes que hayan sido, tampoco satisfacen plenamente el derecho de la opinión pública de nuestros países de conocer completos los nombres y las líneas de responsabilidad. En el espectro de Lava Jato aún no sabemos, por ejemplo, quiénes se lucraron de las coimas pagadas por otras multinacionales brasileñas como Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo y Correa.
— ¿Cuánto cree que ha afectado al Caso Lava Jato, sobre todo en su imagen de ser una investigación imparcial, la renuncia del ex juez Sergio Moro para ser ministro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro?
Si bien la legislación de Brasil no impide a un juez aceptar un cargo en el Gabinete, el destino aceptado por Moro genera o acentúa –según se quiera ver– un sesgo respecto a la imparcialidad con la que debió haber procedido. Inevitablemente, cobra fuerza la pregunta sobre si Moro, ahora transformado en uno de los hombres de confianza de un presidente con una marcada tendencia ultraderechista, procedió objetivamente al disponer el encarcelamiento del ex mandatario Lula da Silva. Me parece que ese solo hecho ameritaría un nuevo control de legalidad.
— Al hablar de Lava Jato en América Latina principalmente abordamos lo sucedido con Odebrecht. ¿Estamos preparados para eventuales revelaciones de otras constructoras brasileñas o cree que caerá en la impunidad?
Deberíamos estarlo. Las comisiones de investigación creadas por las fiscalías de nuestros países deberían hacer valer todos los mecanismos de cooperación judicial existentes, varios de ellos convertidos en letra muerta de tratados, para recabar información de mayor calidad y condición probatoria. Los medios de comunicación, deberían mantener su empeño investigador en este frente. Esa sería la mejor manera de evitar que el caso caiga en el olvido.
— ¿Cuál es el principal problema en Colombia por el que cree que no avanza el Caso Lava Jato?
Aunque a diario hay noticias sobre la ritualidad de los procesos judiciales (imputaciones de cargos, audiencias e interrogatorios a testigos), en el fondo el gran proceso está empantanado. El fiscal general de la nación (Néstor Humberto Martínez) debió declararse impedido para seguir conduciendo el caso por haber asesorado, antes de llegar al cargo, a un conglomerado económico posiblemente comprometido en el ‘affaire’ (Grupo Aval). En su lugar, la Corte Suprema designó a un fiscal ad hoc (para el Caso Odebrecht), que todavía no anuncia resultados.
— ¿En Colombia han tenido acceso a declaraciones de los ex directivos de Odebrecht?
En Bogotá apenas hablamos de una eventual colaboración de los ex directivos, mientras que las autoridades peruanas consiguieron oportunamente el testimonio de Jorge Barata para dar sustento a decisiones clave como la solicitud de extradición del ex presidente Alejandro Toledo. Mientras en Colombia seguimos a la expectativa, hace ya 16 meses que Ecuador pudo interrogar a José Conciensao Santos Filho, director regional de Odebrecht en Quito, que entregó evidencia importante que hoy compromete a 38 personas, entre altos funcionarios y empresarios.
Pese a cuestionadas falencias, el Perú sometió a un gobernante en ejercicio a un examen de control político que determinó su salida y está investigando a otros tres ex jefes de Estado. Ecuador tiene condenados a un vicepresidente, a un ex ministro y a un ex contralor general. En Colombia está detenido un senador y un puñado de actores de reparto.
— ¿Es el financiamiento de las campañas políticas el que abrió las puertas para la corrupción de Lava Jato?
Lo fue en la medida en que las coimas sirvieron para lubricar maquinarias electorales. A partir de ahí, lo demás es por añadidura.
— El reemplazo de Moro es el juez Luiz Antonio Bonat. ¿Será el siguiente Moro o considera que el ex juez es una figura irreemplazable?
No creo en el mesianismo judicial ni en la existencia de figuras irreemplazables. Si Bonat es leal con el derecho y con la verdad, podrá conseguir resultados superiores a los obtenidos por Moro.
— Cinco años después, ¿qué lecciones nos ha dejado Lava Jato?
Ha puesto al desnudo la incapacidad real de nuestros aparatos judiciales y de nuestros órganos de control para anticiparse a los embates de la corrupción. No hay capacidad preventiva y brilla también por su ausencia la voluntad política para impedir que las transnacionales lo compren todo. En nuestras legislaciones, proliferan las normas sobre transparencia en la contratación pública, pero los estatutos y códigos están convertidos en reyes de burlas. Si no hubiera sido por los compromisos impuestos por Estados Unidos, Suiza y Brasil, hoy quizá permaneceríamos ignorantes.
Puede resultar antipático decirlo, pero aquí también cabe responsabilidad a los medios de comunicación que, con honrosas excepciones, queman incienso en el altar de los poderosos de distinta laya, políticos y empresarios, y parecen poco dispuestos a hacer un escrutinio real sobre sus actuaciones.
— ¿Por qué Lava Jato tuvo éxito en Brasil?
Lava Jato tuvo un éxito relativo en Brasil porque, hay que aceptarlo, el grado de cultura política alcanzado por su sociedad es superior al nuestro. Además, la presión de la opinión pública fue fundamental para que la justicia produzca resultados junto a una prensa acuciosa y crítica, que genera nuevas dinámicas para combatir la impunidad.
A propósito de Sergio Moro, deberíamos tener en cuenta una recomendación suya. En principio, no es aceptable negociar beneficios con delincuentes, pero si estos están en capacidad de llevarnos a la verdad, habría que actuar con criterios más flexibles.