Dennis Christensen llegó con su esposa, abrió el local donde se reunirían integrantes de los Testigos de Jehová y se preparó para predicar. Horas después estaba preso.
El 25 de mayo del 2017 en la ciudad de Oryol, 360 kilómetros al sur de Moscú, la policía y agentes del servicio secreto ruso confiscaron en una redada una Biblia, literatura religiosa, laptops y discos duros. Y se llevaron a Christensen.
A 11 meses de su detención, Christensen —danés de 46 años— sigue encarcelado y su juicio comienza este martes. Si es declarado culpable de los cargos de organizar actividades de una "organización extremista", podría ser condenado a hasta 10 años de prisión.
Ello porque un mes antes de su detención, la Corte Suprema de Rusia prohibió la labor de la organización, que tiene 395 centros y algo menos de 200.000 seguidores en el país.
Las autoridades consideran que el movimiento religioso cristiano es una "amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública".
Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que comparte preceptos de otras corrientes no ortodoxas del cristianismo, pero que basa sus creencias en una versión propia de la Biblia y no creen en la divinidad de Cristo.
Tras la prohibición, Christensen continuó sus labores en el país con la organización. Contaba con un permiso de residencia desde el 2000 y, de acuerdo con su abogado, los cargos a los que se enfrenta derivan también de otros incidentes previos.
En febrero del año pasado, cuando participó en las discusiones sobre una publicación religiosa y en otra oportunidad por ayudar a mantener lugares de culto y por persuadir a otras personas para que sumen a la organización.
"Ya no hay lugar seguro"
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el encarcelamiento de Christensen y pidieron que sea liberado.
"Las autoridades rusas están buscando castigar a un Testigo de Jehová por ejercer su derecho a practicar su religión", aseguró Rachel Denber, directora adjunta de Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW).
"Desde el principio", añadió, "los investigadores han estado deformando la participación pacífica de Dennis Christensen en su fe para que parezca un delito. No hizo nada malo y debería ser liberado".
Christensen llevaba diez años viviendo en Oryol y está casado con una rusa. Aunque asistía con regularidad a los encuentros del movimiento, no lo integraba.
"Nunca fue miembro de la entidad legal de la organización religiosa local. Él es solo uno de nuestros creyentes en Oryol. Nada especial", le dijo Yaroslav Sivulskiy, portavoz de los Testigos de Jehová en Rusia, a Newsweek.
"Lo arrestaron simplemente por leer la Biblia", agregó, "ahora pueden acusar a alguien sobre esta base. Si copian este incidente en otros lugares, ya no hay un lugar seguro. Pueden ir a tu casa y lo que sea".
En un video de la redada que se puede ver en YouTube, agentes de seguridad enmascarados irrumpen en un local donde decenas de personas están sentadas. De traje marrón y camisa negra, a Christensen se lo ve en diálogo con ellos. Varios fieles serían detenidos, aunque solo él quedó preso.
La decisión de la justicia rusa puso a los integrantes de Testigos de Jehová en la misma categoría que los militantes del autodenominado Estado Islámico.
"Fundada en Estados Unidos en el siglo XIX, los Testigos de Jehová tienen su sede mundial en Estados Unidos y, junto con todos los grupos liderados por extranjeros fuera del control del Estado, son vistos con profunda sospecha por la versión rusa postsoviética de la KGB: el Servicio Federal de Seguridad, o FSB", explica Andrew Higgins, corresponsal en Moscú de The New York Times.
Desde hace ya algunos años que las minorías religiosas en el país empezaron a sentir la presión del Kremlin.
Una ley antiextremismo aprobada en el 2002 determinó ilegal que cualquier grupo, que no sea la Iglesia ortodoxa y otras instituciones religiosas tradicionales, proclame ofrecer un camino hacia la salvación religiosa o política.
Pero Rusia, señala HRW, —como miembro del Consejo de Europa y parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos— está obligada a proteger los derechos a la libertad de religión y asociación.
"El caso contra Christensen y las redadas contra adherentes a los Testigos de Jehová viola el derecho a la libertad de religión, les niega el derecho a la adoración y no puede justificarse como una medida necesaria o proporcionada para proteger la seguridad pública o el orden público", considera la organización.
El de Christensen, señaló The Copenhagen Post en su momento, fue el primer arresto de un extranjero por la nueva ley y Sivulskiy aseguró que era la primera vez que un Testigo de Jehová era encarcelado desde la época de la Unión Soviética. Muchos en el país temen que no sea el último.
La organización reporta que desde la entrada en vigor de la ley han sufrido 40 incidentes de agresión.