La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó el martes su última carta para intentar impedir su destitución y prometió impulsar un plebiscito para adelantar las elecciones en el caso de que fuera absuelta y recuperara el poder.
La propuesta fue presentada durante un pronunciamiento, en el que la mandataria divulgó la llamada "Carta a los Brasileños", en la cual insiste en su inocencia y dice que si el juicio político al que está sometida acaba con su destitución, Brasil estará frente a "un golpe de Estado".
El mensaje leído ante la prensa en el Palacio de Alvorada repasó su carrera política, su paso por la cárcel y la tortura durante la dictadura (1964-1985), y exhortó a los senadores a defender la democracia, a nueve días de que comience la etapa final del juicio (25 de agosto), que según indican los sondeos, terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder de Brasil.
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"Pido a los senadores que no realicen la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente (...). Será necesario que el Senado cierre el proceso de impeachment, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen", señaló.
En el documento, de cuatro páginas, Rousseff afirma que en los últimos meses, desde que fue separada del poder el pasado 12 de mayo, ha estado más "en contacto con el pueblo" y escuchado críticas a su gestión que le ayudaron a entender sus "errores", que no citó.
También dice que "Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su historia" y que la solución para la "grave crisis política y económica" del país "pasa por el voto popular, en unas elecciones directas".
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En ese marco, se comprometió a que, si fuera absuelta y volviera al poder, promoverá un plebiscito para consultar a la sociedad sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.
También sostuvo que "en la transición" que se abriría en caso de que se acepte su propuesta, sería necesario un "amplio diálogo" con "todas las fuerzas vivas de la Nación, con la clara conciencia de que los que nos une es Brasil".
Ese diálogo, según Rousseff, debería girar en torno a medidas para "generar más y mejores empleos, fortalecer la salud pública, ampliar el acceso y elevar el nivel de la educación, garantizar el derecho a la vivienda" y otros asuntos típicos de campaña electoral.
En su mensaje, sin embargo, no explicó que la realización de una consulta de esa naturaleza dependería del apoyo de un Parlamento que se apresta para iniciar la última fase del juicio político que le puede costar el cargo.
— El tramo final —
Elegida en 2010 y reelegida en 2014, la primera mujer en presidir Brasil está acusada de violar la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y fue reemplazada interinamente por su vicepresidente Michel Temer, a quien acusa de encabezar un golpe parlamentario.
Rousseff acusa a Temer, un abogado constitucionalista de 75 años, de haberla traicionado al articular un arco opositor para llegar al poder con el apoyo del Congreso.
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Acorralada políticamente, Rousseff fue suspendida por el Senado el 12 de mayo y debió dejar el Palacio presidencial hundida en una gran impopularidad, responsabilizada por la crisis económica que golpea al país y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción.
El tramo definitivo del proceso comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, al cabo de los cuales el Senado tomará una decisión definitiva sobre la suerte de la presidenta.
Rousseff será despojada del poder si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que suponen dos tercios del Senado.
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En ese caso, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente la sustituye interinamente desde que fue suspendida.
Si el Senado la declara culpable, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, que apoya su destitución.
No obstante, si Rousseff fuera absuelta de las acusaciones que justificaron el juicio político, que se fundamentan en unos manejos irregulares de los presupuestos, recuperaría el poder y Temer sería otra vez relegado a la vicepresidencia.
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Fuente: EFE/AFP
