La cacería de los nazis centenarios: ¿Qué se busca al juzgar a prófugos de la tercera edad?

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De Schutz se sabe que trabajó en los campos de concentración de Sachsenhausen (Brandeburgo) entre 1942 y 1945. Y como las autoridades determinaron que, sin importar su avanzada edad, está en condiciones para afrontar un juicio, se le abrió un proceso.

Su caso no es único: todavía se abren juicios en contra de exnazis o colaboradores de los genocidas sin importar su edad. Se recuerda, por ejemplo, que hace pocos días, Irmgard Furchner, de 96 años, huyó del geriátrico para evitar el juicio por complicidad en los asesinatos en masa en un campo de concentración. La policía, sin embargo, dio con su paradero y la arrestó.

En julio del año pasado, Bruno Dey fue hallado culpable de ser cómplice en el asesinato de más de 5 mil prisioneros. Sin importar que tuviera 93 años, el proceso estuvo a cargo de un tribunal de menores puesto que Dey tuvo 17 cuando trabajó como guardia nazi.

También se recuerda a Oskar Gröning, conocido como el ‘contador de Auschwitz’, a quien se le acusó de robar bienes de los prisioneros y ayudar en el asesinato de 300 mil personas en el campo de concentración. En julio del 2015, a sus 93 años, fue declarado culpable y se ordenó que pagara cuatro años en prisión. Gröning apeló a la decisión, y aunque su pedido fue desestimado, el condenado no pudo cumplir con su condena pues falleció en el 2018.

Hubo también quienes lograron huir de la justicia. Hubert Zafke, quien fuera sargento de la SS en Auschwitz entre el 43 y el 44 -coincidiendo con la llegada de Ana Frank y su familia al campo de concentración-, fue acusado en el 2016 de colaborar con la muerte de 3.681 personas. Después de dos años de proceso, el caso llegó a las cortes, pero, a cuatro días de haberse iniciado, se suspendió porque a Zafke, de 96 años, se le diagnosticó demencia.

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LA CÁRCEL, ¿EL MEJOR CASTIGO?

Mario Sinay, doctor en pedagogía sobre el Holocausto, recuerda casos famosos de nazis que fueron llevados a la justicia. “El más famoso es Adolf Eichmann: secuestrado en Argentina y llevado a juicio en Israel. Después estuvo John Demjanjuk, quien fue extraditado de Estados Unidos, juzgado en Israel, en donde se pudo demostrar su culpabilidad. Luego volvió a EE.UU. hasta que fue llevado a juicio en Alemania. Murió a la mitad del proceso”.

Pero para Sinay ambos casos son anecdóticos. Al contrario, le queda claro que la mayoría de nazis escaparon de la justicia. Él recuerda que una comisión argentina sostuvo que “180 nazis jerarcas entraron” al país, que ese informe fue aceptado por Israel, país que observó los resultados y dijo que, en realidad, fueron más. “El caso es que, de todos ellos, solo cuatro fueron extraditados y se les abrió un juicio en Europa”.

Porque la situación es compleja: no todos los países tienen acuerdos de extradición, lo que sumado al pasado -”gran parte de los gobiernos de la época era profascistas”-, permite que los genocidas y sus colaboradores sigan escondidos.

Teniendo en mente a Schutz, Furchner y Dey, ¿tiene sentido encarcelar a personas de tan avanzada edad? Sinay responde que no se trata de darles una pena sino de hacer cumplir con el principio que fue creado por Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis.

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“Justicia, no venganza. ¿Ellos se apenaron o tuvieron compasión con sus víctimas? ¿Estar prófugos por 80 años y ahora tener 90 los vuelve impunes? Lo que se busca es que la gente sepa que, sin importar la edad, se les va a seguir persiguiendo para llevarlos a la ley”.

“A mí, con sinceridad, no me importa la pena. Me importa que haya justicia, que la verdad sea reconocida”.

Pero hablar de cárcel es un tema ineludible cuando se habla de resarcir, sobre todo frente a una corte.

El filósofo e investigador Zachary J. Goldberg, en su columna en “The Washington Post”, sostiene que si se busca enjuiciar a personas de avanzada edad es para exponerlos públicamente y humillarlos, como “una forma de castigo criminal que se enfoca en restaurar el estatus moral de las víctimas”.

En ese sentido, no está mal perseguir y enjuiciar a los nazis y a sus colaboradores; el problema aparece cuando se maneja la posibilidad de privarlos de su libertad. Su lógica: “el genocidio se convirtió en un crimen oficial” luego de los Juicios de Núremberg, lo que hizo que, desde 1949, la justicia alemana solo pudiera juzgar a aquellos a los que se les puede comprobar el delito. Así, “guardias, contadores o mecanógrafos” evitaron el enjuiciamiento.

Y una vez que la ley cambió –según la BBC, la legislación actual solo pide probar que una persona trabajó en un “campo de exterminio que tuviera cámaras de gas y una alta mortalidad”-, estas personas ya estaban “muertas o eran muy viejas”.

“Una característica importante del castigo penal es que priva al condenado de la libertad de llevar una vida libre. En estos casos, los ancianos acusados ya han vivido la vida que querían vivir. ¿Qué gana la sociedad al encarcelar a una persona mayor?”.

Goldberg busca abrir la mente a otras posibilidades de castigo, sin importar las posturas legales retributivas -el castigo es necesario más allá del beneficio a la sociedad- o utilitarias. El caso, dice, es no centrarse en polémicas sino de “abordar públicamente los crímenes de los antiguos nazis o sus cómplices”.

“El mero reconocimiento de las malas acciones es moralmente significativo y puede realizar un acto de reparación moral”.

Sin embargo, las controversias sobre una justicia tan tardía enojan a Thomas Walther, abogado alemán que representa a sobrevivientes del Holocausto: “Nadie protesta cuando un asesino es perseguido por hechos de hace 30 años, pero les parece problemático perseguir a ancianos aunque se trate de mil o cinco mil asesinatos”.

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